El Gobierno tratará de aplicar el protocolo anti piquetes en medio de las manifestaciones que se están dando en defensa de CFK.
Frente a la escalada de protestas en las principales vías de acceso al Área Metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno nacional activó un operativo de seguridad y desplegará a las fuerzas federales para garantizar la libre circulación.
Las manifestaciones, que surgieron como respuesta al reciente fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, motivaron la intervención directa del Ministerio de Seguridad, que lidera Patricia Bullrich.
La cartera que conduce Bullrich ordenó el despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional en distintos puntos estratégicos donde se reportaron cortes. Entre los sectores más conflictivos figuran la autopista Panamericana, especialmente en las inmediaciones del puente Henry Ford y el ramal Pilar, el Acceso Oeste y el Puente Pueyrredón.
Según fuentes oficiales, la decisión apunta a evitar que los piquetes se prolonguen y afecten el tránsito en horas clave. “La prioridad es garantizar el libre tránsito y evitar que se repita la lógica del caos como método de protesta”, indicaron desde el entorno de Bullrich a TN.
Entre las agrupaciones que protagonizan las protestas figuran el sindicato SMATA y organizaciones sociales como el Movimiento Evita. Algunas de las columnas amenazan con avanzar hacia el centro porteño, por lo que el Gobierno advirtió que, de concretarse ese movimiento, se aplicará el protocolo antipiquetes en la Ciudad de Buenos Aires.
La Casa Rosada también confirmó que reforzará la custodia del Palacio de Tribunales y otros edificios públicos clave con personal de la Policía Federal Argentina.
Si bien desde el Ejecutivo evitaron emitir un comunicado oficial al respecto, en Balcarce 50 remarcan que el accionar judicial “es una decisión autónoma del Poder Judicial” y subrayan que “el Gobierno no intervino en ningún aspecto del proceso”.
La estrategia oficial parece apostar por mantener el foco en la seguridad y el orden público, sin involucrarse directamente en la controversia política que desató el fallo contra la expresidenta.
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