La denuncia del Gobierno sobre un esquema de corrupción
Luego de mostrar las pruebas, el Gobierno anunció, vía Adorni, que pondrá en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 personas beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio.
Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”, porque para acceder al cobro se cometieron ilícitos en el trámite necesario para conceder la pensión. En otras palabras, se busca identificar a personas que estén cobrando la pensión sin cumplir los requisitos legales para merecerla. Y dar de baja el beneficio. Además de abrir una causa penal.
En ese contexto, el Gobierno de Milei denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría ascender un total de 3.400 millones de dólares.
Las nuevas autoridades del área, que pasó a depender de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud, estima que el “el desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”.
Las irregularidades derivaron en una denuncia penal -que será ampliada- fue realizada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
