Cuánto cuesta cada operativo de seguridad frente al Congreso
El proyecto requiere que el Gobierno informe qué hipótesis de riesgo o informes de inteligencia justifican la magnitud de estos operativos y detalle el empleo de camiones hidrantes, vehículos, unidades especiales, vallas, sistemas de videovigilancia, personal canino y elementos de dispersión como gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético.
Además, pide conocer cuánto tiempo permanece activo cada dispositivo y cuál es la estimación oficial de asistentes a las protestas.
Otro de los aspectos incluidos en la iniciativa es la solicitud de estudios sobre el posible impacto económico que las restricciones de circulación generan en los comercios ubicados en las inmediaciones del Congreso, en caso de que dichos análisis existan.
Los argumentos detrás del proyecto
En los fundamentos, los impulsores sostienen que el Congreso debe ejercer un control sobre el uso de recursos públicos destinados a estos operativos y evaluar si existe proporcionalidad entre el despliegue realizado y las características de las manifestaciones. También cuestionan que se utilicen dispositivos de gran magnitud frente a protestas que consideran de menor escala y plantean que resulta necesario transparentar los criterios que justifican esas decisiones.
Asimismo, el texto señala que conocer el costo de estas acciones permitiría determinar si la asignación de recursos responde a parámetros de eficiencia y racionalidad administrativa, en línea con los principios de control y rendición de cuentas que corresponden al Poder Ejecutivo.
De prosperar el pedido de informes, el Gobierno nacional deberá responder una batería de consultas sobre el financiamiento, la planificación y la ejecución de los operativos de seguridad que se desarrollan de manera recurrente en las inmediaciones del Congreso durante las jornadas de protesta.
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