No es un secreto que el tema de fondo es la credibilidad o no de la Administración Fernández en la opinión pública, en el marco de una pandemia muy extenuante, con más fallecidos de los esperados y con un horizonte incierto.
La Administración Fernández intenta, con cierta premura, instalar otros temas de reemplazo en la agenda de opinión pública. Quiere salir cuanto antes de la crisis del 'vacunatorio VIP' pero todavía no consigue identificar los temas apropiados.
En cada minuto que la Administración Fernández cree que ha logrado zafar, aparece otro privilegiado que accedió a la vacuna sin estar en listado alguno, y se le cae la ofensiva.
Hay fecha tope para esto: lunes 01/03, cuando el presidente Alberto Fernández debe realizar su discurso de ocasión por cadena de radio y TV ante ambas cámaras legislativas para iniciar el año de sesiones ordinarias del Congreso.
Sucede que la mayoría de los bloques oficialistas probablemente aparezcan en los listados de los VIP y es todo un problema hablar soslayando lo que más ocupe en ese momento a la opinión pública.
Un problema es que la investigación judicial recién comienza y nadie puede garantizar que se disuelva tan rápidamente.
Tras el pedido del fiscal Eduardo Taiano con la firma de la jueza María Eugenia Capuchetti en los tribunales de Comodoro Py, la división Delitos contra la Salud de Policía Federal secuestró los registros de ingreso y las cámaras de seguridad del Ministerio de Salud sobre la avenida 9 de Julio.
Este material será analizado para determinar quiénes y cómo ingresaron en el período investigado (del 01/02 al 19/02) luego de las causas en los juzgados a cargo de Capuchetti, con denuncias presentadas en los tribunales por
el fiscal federal Guillermo Marijuan,
el abogado Jorge Monastersky, y
Marcela Campagnoli, Yamil Santoro y Paula Oliveto,
por delitos que incluyeron
** falsedad ideológica al ser inscriptos políticos como personal de salud,
** tráfico de influencias y
** presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público.
