El proyecto fue presentado bajo el expediente 4380-D-2026 y comenzó su recorrido legislativo en la Comisión de Legislación General.
La intención es que cada 1° de septiembre el Estado pueda impulsar actividades de prevención, capacitación y concientización contra distintas expresiones de violencia dentro de la vida política.
Proyecto en el Congreso
Aunque la propuesta busca darle un alcance general y no partidario, su origen está directamente relacionado con el atentado contra la expresidenta.
En los fundamentos, el diputado nacional califica aquel ataque como el episodio de violencia política más grave ocurrido en la Argentina desde el retorno democrático de 1983.
Pero también utiliza el proyecto para poner la lupa sobre el presente.
El diputado advierte que aquel pacto de convivencia democrática construido después de la dictadura comenzó a mostrar signos de deterioro y plantea la necesidad de recuperar reglas básicas que deberían estar por encima de cualquier pertenencia partidaria: reconocer al adversario político como tal y no como un enemigo al que hay que eliminar.
No es la primera vez que una propuesta de estas características llega al Congreso. La exdiputada Gisela Marziotta había impulsado anteriormente iniciativas similares, aunque no consiguieron completar el camino legislativo y terminaron perdiendo estado parlamentario.
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