Qué pidió investigar el funcionario de Lanús
Según surge de la presentación, las pintadas fueron detectadas en diferentes lugares y momentos dentro del partido de Lanús. Los casos fueron incorporados a un relevamiento que quedó en manos de la fiscalía.
El secretario de Seguridad pidió preservar fotografías y filmaciones, revisar registros de cámaras públicas y privadas, recopilar testimonios y analizar cualquier otro elemento que permita establecer cómo se realizaron las intervenciones.
También solicitó identificar los elementos utilizados (entre ellos aerosoles, brochas o rodillos) y avanzar sobre la identificación de los autores materiales. Pero el planteo va un paso más allá: pretende determinar si existieron otras personas involucradas en la organización de las acciones.
Castillo considera que los hechos podrían encuadrarse inicialmente en el delito de daño. A la vez, planteó que la reiteración de las pintadas excedería la cuestión meramente patrimonial y podría tener consecuencias sobre la convivencia y el espacio público.
Ese argumento explica por qué la presentación terminó ante una fiscalía especializada en delitos contra las instituciones.
La paradoja política detrás de la denuncia
Hasta allí, el expediente podría leerse como una denuncia por daños. Pero el contexto político transforma el caso en algo bastante más incómodo para el oficialismo municipal.
Lanús está gobernado desde 2023 por Julián Álvarez, uno de los dirigentes históricos de La Cámpora. Tras ocho años de administraciones de Juntos por el Cambio, el actual intendente consiguió recuperar para el peronismo uno de los municipios más importantes del sur del conurbano bonaerense.
Ahora es un integrante de su propia administración quien recurrió a la Justicia por pintadas que llevan la firma de la agrupación política del jefe comunal.
La contradicción resulta todavía más llamativa porque no se trata de una consigna cualquiera. “Cristina Libre” es uno de los ejes centrales de la militancia kirchnerista desde la condena de Cristina Kirchner y puede verse en paredes, actos y publicaciones partidarias en diferentes puntos del país.
En otras palabras: mientras La Cámpora impulsa la campaña política, un funcionario de un municipio gobernado por La Cámpora pretende que la Justicia determine responsabilidades penales por parte de esa expresión callejera.
¿Una señal hacia Axel Kicillof?
La denuncia comenzó inevitablemente a alimentar interpretaciones dentro del peronismo bonaerense. Algunos sectores observan el movimiento como una posible señal de distanciamiento entre Julián Álvarez y la conducción camporista e incluso especulan con un eventual acercamiento político al gobernador Axel Kicillof.
Por el momento, sin embargo, no existen elementos públicos que permitan afirmar que la presentación judicial responda a un reposicionamiento político del intendente. Se trata de una lectura que empieza a circular en medio de una interna peronista mucho más amplia, marcada por las diferencias entre el sector de Kicillof y el núcleo duro del kirchnerismo.
Precisamente por eso, el episodio será seguido con atención. Una denuncia que, mirada de manera aislada, podría reducirse a una investigación por pintadas adquiere otra dimensión cuando quien la impulsa integra el gobierno de uno de los principales intendentes camporistas y las intervenciones cuestionadas llevan la firma de La Cámpora.
Ahora será la fiscalía la encargada de establecer si las pintadas constituyeron un delito, quiénes participaron y si existió algún grado de organización detrás de ellas. En el plano político, en cambio, el daño ya está hecho: la denuncia dejó al descubierto una contradicción difícil de ignorar dentro del propio universo kirchnerista.
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