Presentaron un proyecto para evitar la corrupción en los sectores de poder. Lo presentó Innovación Federal.
Una nueva iniciativa legislativa busca modificar el Código Penal argentino para imponer castigos más severos a los funcionarios públicos y políticos que cometan delitos mientras ocupan cargos de responsabilidad en el Estado.
El proyecto, presentado en la Cámara de Diputados, propone incorporar un nuevo agravante penal que alcanzaría a presidentes, vicepresidentes, legisladores nacionales y provinciales, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y otros funcionarios de distintos niveles de gobierno.
La propuesta plantea que, cuando alguno de estos funcionarios sea condenado por un delito cometido durante el ejercicio de su cargo o en ocasión de sus funciones, la pena correspondiente aumente en un tercio tanto en su mínimo como en su máximo.
La iniciativa incluye a una amplia nómina de autoridades políticas y funcionarios de todo el país.
Entre ellos se encuentran el Presidente y el Vicepresidente de la Nación, senadores y diputados nacionales, gobernadores y vicegobernadores, legisladores provinciales, intendentes, viceintendentes, concejales, el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, además de ministros y secretarios de los poderes ejecutivos nacionales, provinciales y municipales.
Según el texto, el agravante se aplicaría a cualquier delito previsto en el Código Penal, no solamente a aquellos vinculados con hechos de corrupción o delitos contra la administración pública.
Uno de los aspectos destacados del proyecto es que la agravación de la pena no se limitaría a los delitos consumados.
La propuesta establece que el aumento también regirá para los casos de tentativa, es decir, cuando una persona inicia la ejecución de un delito pero no logra concretarlo por circunstancias ajenas a su voluntad.
De aprobarse, un funcionario que intente cometer un delito durante su mandato podría enfrentar una sanción más dura que la prevista actualmente por la legislación.
Los fundamentos del proyecto sostienen que quienes ejercen cargos públicos tienen una responsabilidad superior frente a la sociedad debido a la confianza que reciben de los ciudadanos.
La autora de la iniciativa argumenta que los delitos cometidos por funcionarios no solo generan un perjuicio concreto, sino que además deterioran la credibilidad de las instituciones democráticas y afectan la confianza pública.
En esa línea, considera que el sistema penal debe reflejar esa responsabilidad adicional mediante sanciones más severas cuando los delitos son cometidos desde posiciones de poder o representación política.
El proyecto también incorpora una limitación para evitar una doble agravación de las penas.
La modificación establece que el nuevo agravante no podrá aplicarse cuando la condición de funcionario público ya forme parte del delito o cuando la legislación contemple una agravante específica para ese caso.
De esta manera, se busca evitar que una misma circunstancia sea utilizada dos veces para aumentar una condena.
Entre los fundamentos, la diputada señala que diversos países adoptaron medidas similares para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública.
Además, sostiene que la propuesta se encuentra en línea con compromisos internacionales asumidos por Argentina a través de acuerdos y convenciones orientados a combatir la corrupción y promover una administración pública más íntegra.
La propuesta apunta a instalar un criterio de mayor exigencia para quienes ejercen funciones públicas.
Sus impulsores consideran que ocupar un cargo político implica una responsabilidad especial y que, por lo tanto, cualquier conducta delictiva cometida durante el mandato debe recibir una respuesta penal más severa que la prevista para un ciudadano común.
Ahora el proyecto deberá iniciar su recorrido parlamentario en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto, donde se definirá si la reforma logra reunir los consensos necesarios para convertirse en ley.
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