Pero algunos especialistas vienen cuestionando su alcance. En 2017, la diputada Patricia Vásquez –también firmante del proyecto actual– presentó un reclamo ante la Corte Suprema para declarar inconstitucional la prohibición de allanar domicilios de legisladores. “Esa cláusula obstaculiza la búsqueda de la verdad y daña la confianza en las instituciones”, argumentó.
¿Qué dicen los expertos?
El constitucionalista Horacio Spector explicó que los fueros legislativos son una forma de inmunidad pensada para preservar la división de poderes, no para garantizar impunidad. Según él, deben proteger el funcionamiento del Congreso, pero no impedir que un funcionario rinda cuentas si hay sospechas de corrupción.
En la misma línea, Manuel Garrido, ex titular de la Oficina Anticorrupción, señaló que la ley actual “no frena los procesos judiciales ni hace que prescriban los delitos”, aunque reconoce que algunas medidas investigativas quedan limitadas por los fueros.
“Nuestra propuesta tiene como objetivo acelerar las causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, diputados y senadores nacionales y que estos no tengan tiempo de eliminar pruebas que los involucren en casos de corrupción y otros” señaló Milman.
“La prohibición de allanar domicilios particulares y comerciales de los funcionarios no solo obstaculiza el accionar del Poder Judicial sino que erosiona la confianza en las instituciones y en el orden jurídico” añadió el legislador nacional.
Si este proyecto avanza en el Congreso, abrirá una discusión clave sobre hasta dónde deben llegar los fueros y qué equilibrio debe haber entre la inmunidad parlamentaria y la transparencia pública.
El proyecto completo a continuación:
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