No baja la tensión por los proyectos petroleros en Malvinas Norte
Antecedentes
La denuncia de Cancillería se basa en antecedentes que se remontan a 2012. En mayo de ese año, la secretaría de Energía dictó la Resolución 130, que declaró ilegales las actividades atribuidas a Desire Petroleum en la plataforma continental y calificó de clandestina la operación por falta de autorización argentina.
En 2013, mediante la Resolución 457, la empresa fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en Argentina. Según el acto administrativo, Desire Petroleum utilizaba una licencia otorgada por autoridades británicas establecidas en las islas.
Según la denuncia incorporada al expediente, pese a esas medidas y a posteriores modificaciones societarias, Desire Petroleum continuaría vinculada con licencias hidrocarburíferas relacionadas con distintas áreas de exploración y explotación en la zona.
A marzo de 2026, la compañía figuraría con una participación del 32% en las licencias PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b y PL004c; y del 35% en PL005.
La documentación también menciona la relación de Desire Petroleum con sociedades pertenecientes al Grupo Rockhopper.
El canciller, Pablo Quirno denunció a Desire Petroleum Limited
Ley 26.659
La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, prohíbe realizar o facilitar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.
La norma establece responsabilidades para personas humanas y jurídicas y contempla penas de prisión de entre 5 y 15 años, según la conducta investigada.
Stornelli señaló que los hechos denunciados podrían encuadrar en los delitos previstos por el artículo 7, incisos 1 y 2, y bajo las circunstancias contempladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 26.659.
El fiscal dejó abierta, además, la posibilidad de investigar otros delitos si surgen elementos durante la instrucción, entre ellos delitos contra el medio ambiente, infracciones aduaneras y lavado de activos vinculados con las actividades denunciadas.
Medidas de prueba
Stornelli pidió a la Secretaría de Energía los expedientes completos que dieron origen a las resoluciones de 2012 y 2013.
También solicitó documentación sobre la constitución, objeto, modificaciones estatutarias, composición accionaria y autoridades actuales y anteriores de Desire Petroleum.
La fiscalía requirió informes destinados a reconstruir las actividades atribuidas a la empresa, con indicación de tiempo, lugar y circunstancias.
A la Jefatura de Gabinete le pidió información sobre denuncias, expedientes u otras actuaciones iniciadas desde 2012 por posibles actividades con impacto ambiental atribuidas a la petrolera.
Al Ministerio de Seguridad le solicitó determinar si alguna fuerza bajo su órbita registró actuaciones vinculadas con tareas de exploración, explotación u otras actividades hidrocarburíferas en zonas próximas a las islas. En caso afirmativo, deberá identificar las eventuales intervenciones judiciales.
La fiscalía también pidió determinar si existen antecedentes vinculados con Desire Petroleum en la Procuración del Tesoro de la Nación y en la Procuración General de la Nación.
Cooperación con Reino Unido
Stornelli solicitó librar un exhorto al Reino Unido mediante los mecanismos de cooperación penal internacional para acceder a información societaria de Desire Petroleum, identificar a directivos y representantes legales desde 2012 y obtener documentación sobre las licencias otorgadas para operar en la zona. La medida alcanza también al Grupo Rockhopper.
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