Para reforzar su posición, la letrada también cita antecedentes públicos en los que algunos intendentes reconocieron que sus candidaturas son testimoniales. Entre ellos menciona a Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Pablo Zurro (Pehuajó) y el caso de la actual vicegobernadora Verónica Magario.
Un pedido con peso legal a candidatos (e intendentes)
Martínez solicita que los candidatos señalados sean intimados a presentar una declaración jurada donde manifiesten explícitamente su intención de asumir el cargo si resultan electos. Además, exige que la Junta evalúe la legalidad de estas candidaturas y, en caso de constatar su carácter testimonial, adopte medidas para preservar la transparencia del proceso.
El escrito también hace referencia a un antecedente clave de 2009, cuando la Cámara Nacional Electoral se pronunció sobre las postulaciones de figuras como Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. En ese fallo, el tribunal advirtió que el principio de buena fe exige una voluntad auténtica de ejercer el mandato, y que de haberse probado lo contrario, aquellas candidaturas no habrían sido oficializadas.
“La trampa se revela después de las elecciones, cuando quienes encabezan las boletas renuncian sin siquiera asumir. Ese daño ya está hecho: se manipuló la voluntad del votante con una candidatura ficticia”, concluye la denuncia.
Un viejo mecanismo bajo la lupa
Las candidaturas testimoniales han sido una herramienta habitual en la política bonaerense. Sin embargo, el pedido de impugnación abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites éticos y legales del uso de figuras con alto peso electoral para apuntalar listas sin intención de cumplir con el mandato.
A medida que se acerca el 7 de septiembre, la presentación ante la Junta Electoral promete reavivar las discusiones sobre la representación real, la transparencia democrática y la responsabilidad institucional de quienes se postulan al voto popular.
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