En su artículo 2, la norma "faculta al Poder Ejecutivo nacional", a través del Ministerio de Salud, a realizar los trámites para la adquisición de las vacunas que se desarrollen para enfrentar la enfermedad. La mayoría de los puntos regula los procedimientos y atribuciones que compete al Estado nacional en la materia.
Sin embargo, uno de los aspectos del texto hace mención explícita a una de las discusiones de las últimas semanas. En el artículo 6°, además de eximir "el pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen" en la compra de dosis, se establece que un "idéntico tratamiento recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"Las exenciones establecidas en el artículo 6° se aplicarán a las importaciones de las mercaderías allí mencionadas para uso exclusivo del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de esta ley", destaca el artículo 7.
Es decir, la legislación abre explícitamente la posibilidad de que otros gobiernos locales puedan adquirir el insumo estratégico.
En lo que respecta al sector privado, la ley nada dice sobre las alternativas que tienen los hospitales y farmacias para la compra de vacunas. Pero tampoco establece una prohibición al respecto.
En cualquier caso, la legislación establece en su artículo 8 que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el ministerio de Salud de la Nación intervienen como autoridades de aplicación de los organismos que adquieran dosis contra el coronavirus.
Pero, más allá de la habilitación legal para la compra de las vacunas, Cafiero no se mostró afín a que dicha alternativa pueda tener grandes resultados por "el nivel de vacunas que hay" y la escala de las contrataciones que exigen los laboratorios productores.
En esa línea también se expresó el ex secretario de Salud de la Nación de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, que manifestó su desacuerdo con sus colegas de Juntos por el Cambio. "No es una cuestión de voluntarismo, es fáctico. Ninguna empresa farmacéutica ni ningún gobierno están negociando con proveedores privados o con estados subnacionales. El único ejemplo que conozco es el de la vacuna china Sinovac, y fue con el estado de San Pablo, que tiene 45 millones de habitantes. Pensar que en este escenario de restricciones puede haber una negociación en paralelo con obras sociales o prepagas es inviable", sostuvo el sanitarista en declaraciones radiales.
