Del secreto por “seguridad” a revelar el supuesto destino
Durante más de un año, el Banco Central había evitado precisar públicamente dónde estaban los lingotes enviados al exterior. La explicación oficial era que revelar información sobre la administración y ubicación de las reservas podía comprometer su seguridad.
La denuncia plantea entonces una pregunta sencilla: si informar dónde está el oro no representa un problema de seguridad, ¿por qué el BCRA se negó durante tanto tiempo a hacerlo? Y, en sentido inverso, si esa información efectivamente debía mantenerse en secreto, ¿por qué Bausili decidió revelar ante el Senado un destino concreto?
Pero la controversia no termina ahí.
Los legisladores sostienen que la información que poseen indica que los lingotes no estarían en Basilea, Suiza, sino en el Bank of England, en Londres.
La presentación incorpora además publicaciones periodísticas como respaldo de esa hipótesis. Es importante hacer esta distinción: el escrito afirma que el oro está en Londres, pero esa localización forma parte precisamente de los hechos que los denunciantes piden que sean esclarecidos judicialmente.
Así, el interrogante dejó de ser únicamente por qué el oro salió de la Argentina. Ahora también se discute cuál es su ubicación real, bajo qué custodia permanece y qué operaciones se realizaron con esos activos.
Otra contradicción: ¿el oro fue auditado o todavía no?
La segunda cuestión que aparece en la denuncia puede resultar incluso más delicada.
Según el documento, Bausili aseguró ante los senadores que las operaciones relacionadas con las reservas de oro estaban auditadas. Habló de controles internos, externos y de la Auditoría General de la Nación, y afirmó que no existían observaciones sobre esas operaciones.
Sin embargo, apenas un día después, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, envió una nota a Di Tullio con una versión diferente.
De acuerdo con esa comunicación, la auditoría correspondiente al ejercicio 2025 todavía no había sido aprobada. Más importante aún: la AGN informó que tampoco había terminado de analizar la trazabilidad de las reservas de oro colocadas en el exterior.
El motivo señalado fue la demora del propio Banco Central en entregar la documentación necesaria. Según la presentación, la AGN indicó que el BCRA tardó más de un año en suministrar la información y que, aunque finalmente la remitió, el organismo de control todavía se encontraba analizándola.
La nota de la AGN está incorporada como anexo al escrito judicial y constituye uno de los principales elementos que los legisladores presentan para cuestionar las explicaciones dadas por Bausili en el Congreso.
¿Qué pasó con los lingotes?
Hay además otro aspecto que la denuncia busca poner bajo investigación: para qué se movió el oro y qué resultado económico tuvieron esas operaciones.
Bausili explicó en el Senado que existió una oportunidad de mercado para reemplazar lingotes antiguos de menor calidad por otros de mayor calidad a un costo inferior al habitual. En otras palabras, la explicación oficial apunta a una operación destinada a mejorar las características de las reservas aprovechando condiciones favorables del mercado.
Los denunciantes cuestionan esa explicación y citan información periodística según la cual el stock se habría mantenido en aproximadamente 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a unas 61 toneladas de oro. El propio escrito menciona que, según datos oficiales de 2026 allí reproducidos, las reservas tenían un valor de varios miles de millones de dólares.
La presentación también incorpora versiones periodísticas sobre supuestas operaciones financieras realizadas utilizando parte de esos activos, entre ellas una operación de futuros y un repo. Sin embargo, esas afirmaciones no aparecen acreditadas en el PDF mediante documentación oficial concluyente: son citadas por los denunciantes como elementos que consideran necesario investigar.
Las preguntas que ahora buscan llevar a la Justicia
En definitiva, la nueva presentación intenta reconstruir algo que, dos años después del traslado de los lingotes, todavía genera interrogantes: qué se hizo exactamente con una parte del oro argentino una vez que salió del país.
Los senadores sostienen que no existe hasta el momento una trazabilidad suficientemente clara y cuestionan las diferencias entre lo declarado por el presidente del Banco Central y lo informado por la AGN. Por eso piden investigar la ubicación, custodia, modalidad de colocación y condiciones jurídicas bajo las cuales fueron movilizadas las reservas.
Para avanzar sobre esas incógnitas solicitaron que el Banco Central entregue sus estados contables de 2025 y que la Auditoría General remita los expedientes relacionados con el envío del oro al exterior. También reclaman conocer cuánto demoró el BCRA en entregar la documentación y cuál es el estado concreto de las auditorías correspondientes a 2023, 2024 y 2025.
El centro de la controversia puede resumirse, entonces, en tres preguntas fáciles de entender pero todavía sensibles: ¿dónde está efectivamente el oro argentino, qué operaciones se realizaron con él y esas operaciones fueron auditadas en su totalidad?
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