Y eso es justamente lo que distintos bloques opositores vienen negociando de cara a septiembre.
La deuda de las familias llega al Congreso
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, fue quien pidió incorporar una serie de proyectos destinados a abordar la situación financiera de los hogares.
Durante su intervención aseguró que el problema alcanza a unos 6 millones de argentinos en situación de mora y destacó que varias de las propuestas presentadas “no tienen costo fiscal”.
“Podemos abrir las comisiones para que el Congreso pueda acoger esta preocupación”, planteó Juliano, quien además pidió sacar la discusión de la pelea electoral y comenzar a analizar posibles respuestas legislativas.
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez recordó que no es la primera vez que la oposición intenta instalar el tema en el recinto. Según enumeró, durante este año ya hubo pedidos de sesiones especiales y otros intentos de modificar el temario.
“Venimos por quinta vez a plantear esto”, sostuvo el jefe del bloque peronista, quien habló de un universo cercano a los 20 millones de argentinos con algún tipo de deuda y reclamó que el Congreso, como mínimo, abra las comisiones para discutir el fenómeno.
Los datos disponibles muestran que el problema de la morosidad efectivamente se profundizó. Un relevamiento elaborado por la Universidad Austral y EcoGo a partir de información del Banco Central calculó que el crédito a personas físicas alcanza los $97,1 billones. La irregularidad por monto llegó al 17,5% y acumuló en junio su vigésimo incremento mensual consecutivo. Más de 20 millones de personas registran deudas con bancos, tarjetas, billeteras virtuales y otras entidades.
La proporción de deuda irregular muestra además un fuerte salto frente al comienzo de la actual administración: pasó del 4,2% registrado a fines de 2023 al 17,5%.
Milei: “Es un problema entre privados”
Frente al crecimiento de la discusión pública, la posición del Gobierno hasta ahora fue clara: no habrá un salvataje estatal para quienes no pueden afrontar sus deudas.
Milei sostiene que el Estado no debe intervenir en contratos voluntarios entre particulares y considera que utilizar recursos públicos para resolver el problema significaría trasladar el costo hacia el conjunto de los contribuyentes.
Consultado recientemente sobre una eventual intervención oficial, el Presidente respondió: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”. Además, defendió las refinanciaciones que están realizando las entidades financieras y las definió como “un problema entre privados”.
El argumento es compartido por el ministro de Economía, Luis Caputo. La mirada del equipo económico es que una asistencia financiada por el Estado podría generar un problema de “riesgo moral”: utilizar dinero de todos los contribuyentes para rescatar a quienes contrajeron las deudas y, al mismo tiempo, beneficiar indirectamente a las entidades acreedoras.
Eso no significa que el Ejecutivo ignore los indicadores. Economía y el Banco Central vienen monitoreando la evolución de la mora junto con el sistema financiero, aunque la estrategia oficial apunta a que sean los propios bancos y deudores quienes encuentren mecanismos de refinanciación.
Milei, además, atribuyó buena parte del salto de la morosidad a la volatilidad financiera y al fuerte incremento de las tasas registrado antes de las elecciones legislativas de 2025, episodio que vinculó políticamente con lo que denominó “los ataques del kirchnerismo”.
Un diagnóstico que también genera discusión
Fuera del Gobierno, las explicaciones son diferentes. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por ejemplo, vinculó el fenómeno con la pérdida de poder adquisitivo, la evolución de los salarios y la retracción del consumo. La entidad sostuvo que parte de las familias está recurriendo al financiamiento para afrontar gastos cotidianos, entre ellos la compra de alimentos.
Los datos del sistema financiero también muestran la magnitud que adquirió el crédito en los hogares. Según información oficial del Banco Central, la carga de la deuda familiar representa alrededor del 23% de la masa salarial total, mientras que la deuda de las familias equivale aproximadamente al 12% del PBI, frente al 5% que registraba en abril de 2024.
Es precisamente allí donde aparece el choque político: mientras el Gobierno considera que el Estado no debe hacerse cargo de decisiones financieras tomadas entre particulares, la oposición sostiene que la magnitud alcanzada por el endeudamiento dejó de ser exclusivamente un asunto individual y merece una respuesta pública.
Discapacidad: el mismo número y otra señal para la Casa Rosada
La advertencia parlamentaria no terminó con el endeudamiento.
Minutos después, el diputado Juan Marino impulsó otro apartamiento para incorporar la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El resultado fue exactamente el mismo: 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones.
Marino aseguró que la iniciativa cuenta con un amplio consenso y responde al reclamo de organizaciones del sector. También solicitó que la votación fuera nominal para que quedara registrado cómo se posicionó cada diputado.
Nuevamente, el proyecto no pudo sumarse al temario porque necesitaba una mayoría especial. Pero el número volvió a encender una luz de advertencia.
La sesión de este miércoles dejó así una lectura que va bastante más allá de los proyectos efectivamente tratados. La oposición mostró 133 votos en dos asuntos que incomodan al Ejecutivo y comprobó que, al menos matemáticamente, existe una mayoría capaz de sentarse en el recinto sin depender de La Libertad Avanza.
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