Para cada caso, exige conocer qué dependencia realizó la contratación, cuánto dinero involucró, durante cuánto tiempo, cuál fue el servicio contratado y mediante qué modalidad se concretó.
Pero el pedido va más allá de los contratos. Uno de los principales interrogantes es dónde están físicamente almacenados los datos de los argentinos.
El Gobierno debe dar explicaciones
El proyecto solicita que el Gobierno detalle en qué países y centros de datos se encuentra alojada la información y si existen cláusulas que obliguen a mantener determinadas bases dentro del territorio nacional.
También busca establecer quién controla las claves de cifrado y si el Estado conserva de manera exclusiva la capacidad técnica para acceder y auditar esa información, además de conocer qué mecanismos existen para impedir que los proveedores o terceros puedan ingresar a los datos.
“¿Datos tributarios, biométricos, sanitarios, migratorios y de identidad de millones de argentinos sin controles, sin transparencia y bajo siete llaves?”, cuestionó Ferraro en sus redes sociales.
Otro de los puntos que genera preocupación en la oposición es qué legislación se aplica cuando la información queda alojada en servidores ubicados fuera de la Argentina.
En los fundamentos, Ferraro hace especial referencia a la CLOUD Act de Estados Unidos y reclama conocer qué análisis jurídicos realizó el Ejecutivo sobre la posibilidad de que datos públicos argentinos queden alcanzados por legislaciones extranjeras.
El diputado también pregunta si las contrataciones fueron sometidas al control de la Agencia de Acceso a la Información Pública y si se cumplieron las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales para las transferencias internacionales de información.
La seguridad informática ocupa otro capítulo importante del pedido. Ferraro solicita explicaciones sobre las medidas adoptadas después de distintos incidentes que involucraron información estatal, entre ellos el episodio relacionado con datos del RENAPER en abril de 2024 y la filtración denunciada en diciembre de 2025 que habría comprometido información vinculada a ARCA, ANSES y otros registros.
En particular, busca establecer si alguno de esos datos se encontraba alojado en infraestructura de los proveedores extranjeros mencionados y qué responsabilidades fueron determinadas.
El rol de ARSAT
El pedido de informes también pone el foco sobre ARSAT y cuestiona por qué el Estado no prioriza su propia infraestructura para almacenar información pública.
Ferraro exige conocer la capacidad actual del centro de datos de la empresa estatal, cuánto se está utilizando y qué inversiones recibió durante 2024, 2025 y 2026. También pregunta si existen planes de reducción, reestructuración o privatización que puedan afectar esa infraestructura.
“El problema central no es la incorporación de tecnología desarrollada por empresas extranjeras, sino la ausencia de una estrategia de soberanía digital”, sostiene el legislador en los fundamentos del proyecto.
Según plantea Ferraro, actualmente no existe un mapa público que permita conocer con precisión qué organismos utilizan servicios de nube extranjeros, qué información almacenan allí, dónde se encuentran los servidores o qué sucede con esos datos frente a una filtración, un conflicto judicial o la finalización de un contrato.
Por eso, además del pedido presentado ante Diputados, el legislador aseguró haber realizado un pedido de acceso a la información pública.
“El Poder Ejecutivo tiene que decir la verdad: a quién le entrega los datos, cómo, dónde y con qué garantías”, sentenció Ferraro.
La discusión ahora llega al Congreso con una pregunta de fondo que excede las contrataciones tecnológicas: quién controla los datos más sensibles de millones de argentinos y qué garantías existen cuando parte de la infraestructura utilizada para almacenarlos está en manos de gigantes tecnológicos extranjeros.
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