"Ahora le toca al Poder Ejecutivo financiarla, reglamentarla y cumplirla". "Ahora le toca al Poder Ejecutivo financiarla, reglamentarla y cumplirla".
Un paso más
La iniciativa obtuvo el acompañamiento de los 71 senadores presentes y establece un régimen permanente para el sistema de discapacidad.
Su contenido recupera prácticamente la totalidad de las herramientas y prestaciones que habían sido contempladas en la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, cuya vigencia tenía como fecha límite diciembre.
La nueva aprobación se concretó un año después de que el Gobierno decidiera vetar aquella legislación, en un contexto atravesado por los reclamos de instituciones, organizaciones sociales y familias que vienen exigiendo respuestas para el sector.
Se votó de manera unánime la emergencia en discapacidad.
Qué establece la nueva Ley de Discapacidad
Entre los aspectos centrales de la normativa se encuentra la continuidad de la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el acceso al trabajo registrado.
De esta manera, las personas beneficiarias podrán incorporarse a un empleo formal o inscribirse en el régimen de monotributo sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. La disposición comprende a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Otro de los ejes contemplados es el mantenimiento de un nomenclador único para las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. A esto se suma un mecanismo de actualización automática y periódica de los aranceles, que estarán vinculados al índice de movilidad jubilatoria y a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El objetivo de esta disposición es establecer una referencia de actualización para los valores que reciben los prestadores del sistema.
La legislación también contempla la continuidad de la cobertura básica de protección médica a través del programa federal Incluir Salud para las personas que perciben una pensión no contributiva por discapacidad. De esta manera, se mantiene una herramienta de cobertura sanitaria para los titulares de ese beneficio.
Financiamiento y auditorías
En materia presupuestaria, la norma fija condiciones para sostener el financiamiento del sistema. En particular, establece que las partidas asignadas al Ministerio de Salud no podrán ubicarse, en términos reales, por debajo de las correspondientes al ejercicio fiscal anterior. La disposición busca establecer un piso de recursos para garantizar la continuidad de las políticas y prestaciones contempladas en la ley.
Por otra parte, se incorpora un esquema de auditorías periódicas que prevé el intercambio y la verificación de información entre diferentes organismos estatales. Entre las dependencias alcanzadas se encuentran ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Estos procedimientos deberán desarrollarse respetando el principio del debido proceso inclusivo.
Deudas con prestadores y plazo para reglamentar la normativa
La nueva legislación también contempla un cronograma destinado a cancelar las compensaciones que el sistema adeuda a los prestadores, uno de los reclamos que atraviesa al sector. Además, establece que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar la normativa y avanzar con las disposiciones necesarias para su aplicación.
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