"No vamos a tolerar a ningún grupo mafioso actuando en el marco de la ciudad de Rosario" sumó y a la par confirmó que la Municipalidad se presentará como querellante en la investigación.
Días atrás, Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, explicó en Cadena 3 la relación con el laboratorio HLB Pharma, del que se compró el fentanilo: "Nosotros compramos en base a lo que estipula ANMAT y en lo que establece ANMAT, y compramos obviamente en base a los criterios de precios que habitualmente ocurren en el Estado".
Crece el escándalo por fentanilo contaminado: Santa Fe, la provincia más afectada
El trágico escándalo que gira en torno al fentanilo deja al descubierto una historia cargada de oscuridad, en la que se conjugan la muerte, la corrupción y la mafia. Murieron 53 personas en el país, en su mayoría pacientes graves, a causa de haberles suministrado fentanilo contaminado por una bacteria. De ese total, 35 fallecieron en Santa Fe.
El último Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud de la Nación señaló que entre el 8 de mayo y el 4 de julio en Argentina se habían confirmado que 76 pacientes habían recibido fentanilo contaminado, el cual fue fabricado por el laboratorio HLB Pharma. De ellos, 19 son de la provincia de Buenos Aires, dos de la Ciudad de Buenos Aires, y 55 de Santa Fe.
Además, en todo el territorio nacional aún hay catorce casos sospechosos: cinco en la provincia de Buenos Aires y nueve en territorio provincial.
La Provincia se enfrenta a una grave crisis de salud pública relacionada con los casos por fentanilo contaminado. Por caso, el Estado provincial decidió presentarse como querellante en la causa que investiga la distribución de este opioide por parte del laboratorio HLB Pharma.
La figura del querellante permitirá al Estado santafesino actuar formalmente en el proceso penal junto al Ministerio Público Fiscal, con capacidad para aportar pruebas, solicitar medidas cautelares y recurrir resoluciones judiciales. La causa tramita ante la Justicia Federal, dado que la adulteración de medicamentos es un delito federal tipificado en el Código Penal argentino, y en este caso compromete gravemente la salud pública en múltiples jurisdicciones
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