En ese sentido, los actos administrativos que oficializaron estas designaciones llevan la firma del director ejecutivo del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, y fueron rubricados el pasado 2 de junio. Las resoluciones alcanzan a figuras del armado libertario en diversas comunas y municipios de la bota santafesina, consolidando una red de nombramientos en delegaciones locales de alta sensibilidad.
Entre los dirigentes designados para conducir distintos Centros de Atención Personalizada (CAP) —las oficinas descentralizadas que canalizan los trámites y demandas diarias de los jubilados— se destacan:
* Néstor Aramayo: Referente del espacio en la localidad de Recreo (vale tener en cuenta que en Instagram tiene como foto de perfil una que lo muestra junto a la diputada Diez y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei).
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Néstor Aramayo junto a Karina Milei y Romina Diez.
* Lucas Iovaldi: Dirigente partidario oriundo de Gálvez.
* Lucía Alasino: Quien se desempeñara previamente como candidata a concejal en Sastre.
* Aldana Trocca: Vinculada activamente al armado político en María Juana.
* Gonzalo Vasalo: Referente de la fuerza en la ciudad de San Guillermo.
A su vez, la nómina incluye a Juan Manuel Da Rocha, un conocido dirigente libertario de la capital provincial, quien fue reubicado en una dependencia clave debido a su relación e interacción directa con los centros y agrupaciones que nuclean a los adultos mayores.
El último es Ezequiel Omar Peña, militante libertario de Villa Ocampo que había sido nombrado en 2025 a cargo de Centros de Atención Personalizada de la localidad de Las Toscas, y ahora obtuvo el el traslado a su ciudad, para mayor comodidad.
La casta avanza en Santa Fe
Las organizaciones sindicales argumentan que estas medidas representan una continuidad en el uso de los recursos y las estructuras de la administración pública con fines de construcción política. En tanto, remarcan la fuerte discrepancia existente entre este esquema de designaciones y la plataforma discursiva 'anticasta' que propulsó la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
Desde los sectores gremiales subrayan la paradoja de implementar ajustes presupuestarios rígidos en diversas áreas estatales mientras, en paralelo, se incorporan cuadros militantes en puestos de conducción en agencias de carácter nacional.
En base a ello, el escenario santafesino vuelve a poner de manifiesto un dilema recurrente para la actual administración federal: la fricción constante entre el compromiso asumido ante el electorado de despolitizar y profesionalizar el Estado, y la urgencia pragmática de consolidar bases de apoyo y control territorial en el interior del país a través del reparto de funciones en organismos descentralizados.
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Romina Diez lo hizo de nuevo.
En la Provincia, dada la enorme densidad de afiliados que dependen de las prestaciones del PAMI, la discusión adquiere un volumen político considerable.
Las objeciones no solo se limitan a la filiación político-partidaria de los nuevos funcionarios, sino que encienden alarmas operativas respecto a la falta de idoneidad y capacitación específica para coordinar servicios sanitarios destinados a una franja de la población sumamente vulnerable.
Hasta el momento de este informe, las autoridades del instituto de jubilados han optado por el silencio y no emitieron descargos oficiales ante las denuncias gremiales, dejando abierta la discusión sobre la naturaleza profunda de la renovación política prometida.
La Justicia falló a favor de ATE
En otro orden de cosas, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo nro. 77 falló a favor de ATE y ordenó la reinstalación en su puesto de trabajo de los dirigentes despedidos de PAMI Rosario, entre la que se encuentra Gutiérrez, quien denunció hechos de corrupción en los policlínicos rosarinos.
Hay plata para algunos
Este episodio en el PAMI de Santa Fe expone la complejidad de la gestión estatal y la persistente brecha entre las promesas electorales de ruptura con las prácticas tradicionales y las exigencias de la construcción de poder territorial. Cuando las estructuras de organismos esenciales destinados a la seguridad social se utilizan para el posicionamiento de cuadros políticos sin la correspondiente idoneidad técnica en salud pública, se debilita la confianza institucional y se compromete la eficiencia en la atención a los sectores más desprotegidos.
La falta de respuestas oficiales ante denuncias sustentadas por los propios trabajadores del sector acentúa la incertidumbre sobre si los postulados de transparencia y mérito constituyen una verdadera transformación cultural o si, por el contrario, se supeditan a las lógicas habituales del usufructo del aparato estatal.
La coherencia entre las promesas electorales de austeridad y la praxis gubernamental vuelve a ser objeto de un intenso debate en la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, los cuestionamientos se dirigen hacia LLA luego de que se difundiera públicamente el nombramiento de ocho dirigentes vinculados a este espacio político en puestos de alta jerarquía dentro de la estructura provincial del PAMI.
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