"Cuando le devolví el espectro, me mandó un WhatsApp para decirme que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal", continuó. "Si me citan por lo que digo, no tengo ningún problema porque tengo los whatsapp's en el teléfono", dijo también.
Luego de semejantes declaraciones, explotó Comodoro Py. El fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia de oficio que quedó bajo la órbita de la jueza María Serivini.
La abogada Graciana Peñafort amplió en Twitter. "Las frecuencias a las que se refiere Vila en realidad nunca fueron adjudicadas a Vila. Hubo un concurso en el que se concluyó la pre adjudicacion a Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar), Telecom Personal S.A. (Personal), Arlink S.A. y AMX Argentina S.A. (Claro)". Este concurso, realizado en el año 2014, establecía "condiciones patrimoniales estrictas" que Clarín no cumplía.
Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia en el año 2016 derogó la ley que prohibía que una misma empresa preste servicios de cable y de telefonía al mismo tiempo. De esta manera, Clarín pudo comprar Telecom a través de Cablevisión.
Pero antes la empresa de Vila tuvo que enfrentar una situación: Arlink S.A "no cumplió con el pago al Estado Nacional de las frecuencias al que se había comprometido cuando participo en el concurso".
De esta manera, el 2/9/15 (aún durante el Gobierno kirchnerista) la adjudicacion a Arlink de frecuencias de telefonía celular fue dejada sin efecto. Un mes después este espectro fue asignado a la empresa Arsat "y su destino por ley era para Protección Pública y Operaciones de Socorro", explica la abogada, "también para atender las zonas de mayor vulnerabilidad del país".
La ley que marcaba estas condiciones también exigía "que para cambiar el destino de esas frecuencias se requeriría autorización del Congreso. Y no cualquier aprobación, sino que debía ser hecha con los 2/3 de los miembros del Congreso". Mientras tanto, Vila inició una cautelar en la que se ordeno la prohibición de innovar sobre el espectro.
Para solucionar la cautelar, Macri hizo una denuncia penal contra Vila. El empresario y el Presidente llegaron a un acuerdo en el año 2017: la denuncia quedó sin efecto y la cautelar fue solucionada. Pero, para que Macri pudiera darle a Clarín la frecuencia, todavía necesitaba el apoyo de 2/3 del Congreso.
En 2017 el Grupo Clarín fue el elegido por el Gobierno para prestar servicios de comunicaciones móviles en estas frecuencias. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a la empresa Nextel (que pertenece a Clarín) a prestar servicios de comunicaciones móviles de 4G sobre las frecuencias que la firma ya posee en las bandas de 900 Megahertz y de 2,6 Megahertz. Así Clarín se convirtió en el cuarto operador de 4G en el país.
El Gobierno le asignó gratis las frecuencias 4G a Nextel y anunció que había aprobado el proyecto "otorgándole el registro de prestador de Servicios de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA), el cual le permite brindar servicios de 4G en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz".
El 18/1/19 dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU): Decreto 58/2019. Según la abogada, en esos días sacó también el " inconstitucional decreto de extinción de dominio (62/2019) y muchos se distrajeron".
De esta manera, el Ejecutivo decretó que "no solo quitarle a ARSAT las frecuencias que tenia asignadas por ley para fines públicos, sino que ademas dispuso que como mínimo el 20 % de esas frecuencias debían ir a operadores privados".
En su momento, Clarín celebró la medida: "Esto permitirá que haya "mayor competencia en telefonía celular", ya que durante el kirchnerismo las licitaciones de telefonía celular sólo permitieron ampliar la capacidad de los operadores existentes", publicó el medio.
"El objetivo del kirchnerismo era que Arsat construya una red mayorista de telefonía celular, bajo el nombre Libre.ar, para que las cooperativas y pymes puedan "transformarse en prestadoras de telefonía celular e Internet móvil", según figura en el libro Una Década Ganada Construyendo Porvenir. Eso formó parte del relato K, pero nunca se transformó en realidad, ya que Arsat nunca prestó servicios de telefonía celular", dijeron también desde el medio, en una nota firmada por Alejandro Alfie.
En el artículo 99 de la Constitución Nacional están especificadas las atribuciones del Poder Ejecutivo de la Argentina. En el inciso 3 se habla de los DNU, que pueden emitirse "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes". Sin embargo, la carta magna también dice que "el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente". Es decir que el DNU debería pasar sí o sí por el Congreso de la Nación. Sin embargo, la Ley 26.122 estableció que el Parlamento no puede introducir modificaciones al decreto y la única manera de derogarlo es con el rechazo de ambas cámaras. Si el decreto no es rechazado automáticamente se presume su vigencia.
En el documento, queda explícita la supuesta "necesidad de mejorar la calidad y cobertura regional de los servicios", en un contexto en el que "el tráfico de datos de los servicios móviles se duplica año a año", por lo que hay que "compañar este crecimiento". Según el Gobierno de Mauricio Macri, como está escrito en el DNU, la situación del mercado de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones constituyen "circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes", porque "la experiencia indica que los procesos de adjudicación de este tipo de licencias o autorización conllevan plazos que se prolongan en el tiempo". Demorar las decisiones "implicaría desigualdad competitiva entre los grandes y medianos operadores, así como privar a los consumidores de mayores operaciones", dicen para justificar tomar esta medida a través de un DNU.
Sin embargo, en este punto aparecen algunas preguntas: ¿realmente era una situación de "excepcional" necesidad y urgencia que implique al interés público? Claro, Personal y Movistar funcionaban perfectamente y brindaban servicios de telecomunicaciones sin mayores inconvenientes, ¿no había tiempo para hacer un organizado debate legislativo?
Luego de que Vila destapara la cuestión, el DNU puede ser impugnado y perder toda validez. Y esta impugnación puede ser realizada a través de la vía judicial por cualquier particular, no necesariamente por una parte involucrada.
