El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py 2002, un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía.
López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, fueron sentenciados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron condenas a 2 años y 8 meses y 2 años 4 meses de prisión condicional, respectivamente, como partícipes necesarios.
De esta forma, el tribunal adoptó penas menores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido penas de 6 años para De Vido, López, Fatala y los Schoklender y de 4 años para el resto de los imputados.
Al comienzo de la audiencia, los magistrados rechazaron los planteos de las defensas por insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable, prescripción de la acción penal y nulidad de los alegatos de los acusadores.
Por otro lado, por mayoría el tribunal dispuso el decomiso de los bienes cautelados por una suma de $206.438.454,05, el cual se determinó como el monto desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El mismo deberá ser ajustado al momento en el que la sentencia adquiera firmeza”.
La jueza Palliotti también anunció que se fijó una audiencia para el 13 de noviembre a las 17 en la que se leerán los fundamentos de las condenas y absoluciones.
“Es un absurdo: no se animaron a decir que después de 15 años no cometimos ningún delito. Está probado que no. Esto es Comodoro Py, y no se animaron, después de 15 años, a reconocer el disparate que habían hecho”, dijo Schoklender en la puerta de los tribunales tras el veredicto.
Y abundó: “No se desvió un puto fondo [sic.]”. Mencionó que efectivamente “si se hubiese cometido un delito, aun la pena de 6 años pedida por el fiscal hubiese sido chica. El haber impuesto una pena de 2 años y 8 meses en suspenso —una pena que, salvo condiciones mínimas, no tiene sentido— eso demuestra cómo funciona este sistema”.
“Hay votos en disidencia. No se animaron a reconocer la verdad y absolver. Este edificio es la muestra palpable del sistema judicial argentino”, dijo Schoklender señalando a Comodoro Py 2002.
