Además, presentó argumentos sanitarios y legales para apuntalar el DNU y recordó que la situación epidemiológica se fue agravando con el dictado de clases en medio de la segunda ola de Covid-19.
En esa línea, la Corte rechazó el planteo y además le dio un plazo de 72 horas a la Procuración General para que opine sobre la constitucionalidad del decreto presidencial que ordenó las restricciones a la circulación hasta el 30 de abril.
A su vez, la Corte le dio traslado a la Ciudad de Buenos Aires, por 48 horas, de toda la documentación que presentó el Estado nacional en su última presentación.
La Corte entendió que no se justifica “una comunidad de controversia que habilite la intervención prevista en el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, y por eso desestimó la “citación obligada de tercero de la Provincia de Buenos Aires allí solicitada”.
Con este escenario judicial, los jueces entonces no se reunirán antes de la semana próxima para tomar una decisión respecto al tema, por lo que primero vencerá el DNU -que rige hasta el viernes-, antes de que la Justicia decida sobre el caso.