En el texto del proyecto de resolución 5039-D-2020, la legisladora oficialista dispara: "Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas.
Es responsable de cajonear la causa “Blaquier” para evitar que la Corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió. Mientras sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier.
La reciente convocatoria a la comisión Interpoderes, a la que se negó desde que es Presidente (incluso ante 7 pedidos de los organismos de DDHH), es una victoria de la democracia y de nuestras Madres y Abuelas. No de la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado".
Ella pide investigarlo “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
Ahora bien, insólito que ella misma aclare en los fundamentos que el mal desempeño “no se encuentra definido en la letra constitucional, de modo que debe ser el Congreso de la Nación quien debe interpretar su alcance”.
José Miguel Vivanco, director de las Américas de la ONG Human Rights Watch, salió al cruce: "A uno puede gustarle o no el razonamiento (o resultado) de las decisiones de Rosenkratz (Pdte de Corte Suprema) sobre “2x1” para condenados de dictadura
Pero la petición de destituirlo por ello no tiene fundamento y por lo tanto atenta contra la independencia judicial".
Interesante el tuit del periodista Carlos Burgueño, de Ámbito Financiero: "Lo peor de la embestida, es que vamos a creer que Rosenkrantz es buen juez...".
