La denuncia advierte que, en los primeros 2 años y medio de la gestión de Milei, se asignaron unos $1,5 billones al sistema, pero solo $394.406 millones se aplicaron efectivamente a trabajos viales, lo que arroja una subejecución estimada del 73,8%.
La provincia de La Rioja argumentó que la falta de ejecución de los fondos generó un perjuicio directo en su territorio, obligando al Estado provincial a afrontar con recursos propios tareas de jurisdicción federal.
Por su parte, la presentación de Tolosa Paz apunta formalmente contra el ministro Caputo y funcionarios de Vialidad y del Banco Nación por presunta malversación de caudales públicos agravada.
La acusación sostiene que los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles —con afectación específica por ley para el mantenimiento de rutas— fueron desviados a plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones en lugar de ser girados a las obras.
En paralelo, Lijo solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) que precisen si existieron informes de auditoría o actuaciones vinculadas al fideicomiso (decreto 976/01) y a la cuenta especial SISVIAL desde 2024 hasta la fecha.
El decreto 976 es el de creación del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), en el año 2001, por el que se estableció un fideicomiso que toma recursos del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico de financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación y el Banco Nación actúa como fiduciario.
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