Zannini, como titular de la Procuración del Tesoro, radica el pedido de inhibitoria para quitarle el caso a la Justicia de la Ciudad y que intervenga la Federal, pues algunos de los argumentos dados por el Gobierno Nacional es que es una decisión federal y no local, y que se trata de una política sanitaria que nada tiene que ver con medidas educativas.
La Procuración del Tesoro reclama la invalidez del fallo que el domingo dictó la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña habilitando la continuidad de las clases presenciales en línea con lo que había opinado la fiscal y tal cual lo habían reclamado dos asociaciones civiles.
En el mismo fuero, otro de los planteos fue presentado por la asesora tutelar porteña y ex ministra del gobierno de Cambiemos, Carolina Stanley, quedó registrado con el número 5052/2021 y recayó en el juzgado número 9, a cargo de Pablo Cayssials.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo que ordena la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández que dispuso el cierre de las aulas por 2 semanas.
La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se hará efectiva este lunes ya que el Gobierno nacional no puede recusar, por no formar parte del caso.
"La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local", argumentó el tribunal en el fallo.
Y agregó: "Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local. Máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, venía adoptando las medidas correspondientes para asegurar la prestación del servicio de la educación, conforme las disposiciones consensuadas en el resto del país".
En la mañana de este domingo 18/04 la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno.
El recurso había sido presentado por un grupo de docentes enrolados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que consideraban que era prioritario sostener las clases pese a la escalada de contagios en el AMBA.
