Paralelamente, el magistrado dio por cerrada la instrucción del caso en lo referido a D'Alessio, Stornelli, Santoro y otros ocho procesados, y dispuso que, una vez que se confirmen sus procesamientos en la instancia de apelaciones correspondiente, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral.
En la resolución el magistrado vinculó a la AFI durante la gestión de Cambiemos con las actividades ilegales de la organización investigada. Según el juez, el organismo "se ocupó de dar cobertura en las diversas ocasiones en las que la actuación de la organización se vio comprometida o en emergencia por algún requerimiento o investigación judicial".
Los acusados ingresaron a bases de datos que no eran de acceso público en busca de información con la cual "confeccionaron informes de inteligencia, se realizaron chantajes, extorsiones, tráfico de influencias y se logró insertar información en expedientes judiciales y en la prensa para llevar adelante complejas operaciones de espionaje ilegal".
"El objeto de esta investigación excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto, aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos", advirtió Ramos Padilla.
En esa línea consideró que "esta investigación, al igual que otras que han avanzado y se han conocido en los últimos tiempos, debería también contribuir a modificar un paradigma de actuación respecto de la relación entre las actividades ilegales de inteligencia y las instituciones de la República", con el objetivo de "evitar que hechos como los aquí probados, que afectan bienes jurídicos preciados para el Estado de Derecho, vuelvan a ocurrir".
En relación al periodista de Clarín, Santoro, se le amplió el procesamiento como supuesto miembro de asociación ilícita y "realización de acciones de inteligencia prohibidas", según el fallo.
El juez sostuvo en sus fundamentos que Santoro y Stornelli eran definidos en la organización ilegal como el "dos por uno" porque las maniobras que los habrían involucrado consistían en "que la víctima declararía primero ante el periodista y luego ante el fiscal".
"La conjunción de las acciones del fiscal Stornelli y el periodista Santoro permitieron realizar y proyectar una serie de maniobras", entre ellas la declaración de un testigo "coaccionado a la Fiscalía con la excusa de que de ese modo iba a obtener la "protección de la DEA", ejemplificó.
En el caso de Stornelli ya estaba procesado en la causa pero se agregó una acusación por tentativa de extorsión a Pablo Barreiro, el exsecretario de la expresidenta Cristina Kirchner, a quien según la investigación se buscaba hacer declarar como arrepentido en la causa por los cuadernos del remisero Oscar Centeno que tramitó Stornelli
Ramos Padilla amplió además procesamientos por otros casos de extorsión a D'Alessio, detenido en la causa, Rolando Barreiro, al suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y al ex responsable de las bases de la Agencia Federal de Inteligencia que funcionaron en el AMBA, Pablo Pinamonti. En su caso, el juez lo procesó como miembro de "una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal".
Ramos Padilla sostuvo que la organización ilegal comandada por D'Alessio actuó en la causa de los cuadernos, como así también en la del triple crimen de General Rodríguez, hizo espionaje sobre dirigentes del Norte argentino, personas vinculadas a la AFA, causa por narcotráfico como el llamado "Operativo Sapucay".
También hizo inteligencia ilegal sobre ciudadanos iraníes en Uruguay para vincularlos con supuestos actos terroristas y ponerlos a disposición de Stornelli, sobre el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.
Además, Ramos Padilla aludió a la "Operación Natacha Jaitt", a inteligencia ilegal sobre integrantes del staff del programa "Animales Sueltos", entre otras maniobras descriptas en el procesamiento.
