"Ayer la Justicia le pidió al ministro Ferraresi la información para ver en base a qué decidió no extender el decreto que prohibición de desalojos", repasó el titular de los Inquilinos y continuó: "El ministro Ferraresi tiene 3 días para contestar y ahí el juez tiene que resolver la cautelar".
Asimismo, aseguró: "Hay desalojos permanentes. Sean judiciales o desalojos económicos, porque alguien no puede pagar".
"No hay forma de pagar aumentos del 100 o 150% en los alquileres", precisó Muñoz y enfatizó que "hay una ausencia absoluta del Ministerio de Habitat".
"La única forma de acceder a una vivienda, que es el alquilar, no forma parte de la política del Ministerio de Hábitat", añadió.
En ese sentido, dijo que “negar que el alquiler es la forma de acceder a la vivienda ha llegado a su límite".
"Hay 9 millones de personas que viven en 3 millones de hogares que alquilan", indicó Muñoz y recordó que " hay cada vez más inquilinos y menos propietarios con más propiedades".
Cabe recordar que este lunes 3/5, el juez Enrique Lavié Pico, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo federal 6, le ordenó a Ferraresi informar en un plazo de 3 días cuál es la situación de los desalojos en el país y le dio 5 días para presentar un plan de contención.
La resolución surgió tras la medida cautelar presentada por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), que solicitaron la inconstitucionalidad de la norma que determinó el fin de la suspensión de los desalojos en medio de la emergencia sanitaria.
El amparo colectivo se presentó en representación y beneficio de los locatarios de inmuebles para vivienda, domiciliados en cualquier lugar del país, que se encuentran en riesgo de ser desalojados por estar condenados con sentencia firme.
Solicita se declare la inconstitucionalidad del estado de riesgo antijurídico en el que se encuentran, en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y hace referencia al DNU 167/211.
Tanto la Federación de Inquilinos, como la Asociación civil Inquilinos Agrupados se presentaron a la Justicia para que en el marco de la emergencia sanitaria siga vigente el decreto 320/20 que suspende los desalojos y congela el precio de los alquileres.
Ese DNU establece la suspensión de la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación. Para ello se señaló, que el objetivo de la medida era mitigar los efectos de la pandemia respecto de la problemática de la vivienda existente en nuestro país.
