Según la PIA, las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación en 2015. Asimismo, habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López.
Para lograr tal cometido, según la denuncia, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional), motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia.
Pero además, de acuerdo a la denuncia, a fin de lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA. De esta manera, las contrataciones se habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado.
También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.
Además de señalar a los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones, la PIA sugirió la realización de distintas medidas probatorias tendientes a dilucidar la participación de personas físicas privadas y remarcó la aplicación de la ley 27.401 (de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas) a las sociedades anónimas contratadas.
Las contrataciones cuestionadas habrían significado la erogación de, cuanto menos, $291millones provenientes del erario público.
Intervendrán por sorteo el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, que encabeza Jorge Di Lello.
