Por su parte, Degastaldi goza de arresto domiciliario.
Según el pedido de elevación de Curi, D’Alessio “ejerció intimidación sobre Gabriel Traficante, toda vez que le exigió distintas sumas de dinero, a cambio de colaboración para frenar una investigación penal en su contra y la mención de su nombre en medios periodísticos”.
En cuanto a Barreiro, le imputa “haber colaborado para presionar a Gabriel Traficante, validando y reforzando las amenazas proferidas por D’Alessio, al presentarse como agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), condición que en aquel momento ya no poseía”.
Sobre Bidone, afirma haber “ejercido de manera abusiva las funciones conferidas por ley en razón de su cargo de fiscal en la provincia de Buenos Aires, como así también haber incumplido los preceptos de la ley de inteligencia nacional, con la única finalidad de contribuir en la maniobra extorsiva desplegada por D’Alessio en perjuicio de Traficante”.
Por último, le atribuyó a “Claudio Oscar Álvarez que, en su condición de agente de la Agencia Federal de Inteligencia, incumplió con los deberes legales a su cargo previstos en la ley de inteligencia nacional, a efectos de colaborar con el fiscal Juan Ignacio Bidone para proporcionarle a Marcelo Sebastián D’Alessio la información que necesitaba a fin de coaccionar a Gabriel Traficante”.
El petitorio incluye las medias de pruebas como mensajes de textos, notas periodísticas, informes de la AFI, indagatorias a testigos, etc.
Según Curi, los acusados formaron “parte en una asociación ilícita, de manera estable en el tiempo y mediante una estructura organizada en la que cada uno tenía un rol definido que estaba dispuesto a ejecutar cuando fuese necesario”.
En tanto, se falta que se defina los procesamientos contra el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro.
Tampoco hay información sobre otros imputados por el juez como la ex diputada Elisa Carrió o la legisladora Paula Olivetto, mencionadas en la causa.
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