Inicialmente el juzgado en lo contencioso administrativo número 3 hizo lugar parcialmente a la demanda y así declaró la nulidad del artículo 3 de la resolución 628 y dispuso su inaplicabilidad.
Luego, tras la apelación del Poder Ejecutivo Nacional, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad tambièn del artículo 8° del Decreto 1395/1998 y la nulidad de la Resolución CNRT 628/2012.
Por ello, la repartición nacional fue con un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema y logró que se revocara la sentencia apelada y se rechazara la demanda.
Los argumentos de la Corte Suprema
El ministro Carlos Rosenkrantz señaló que no se acreditó que las empresas representadas por CELADI estuvieran impedidas de litigar por sí mismas.
Por ello, concluyó que la cámara empresaria “no tiene legitimación procesal para promover la presente demanda” y que el reclamo debía ser rechazado sin que la Corte avanzara sobre la validez o invalidez del régimen cuestionado.
Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz
Por su parte, el ministro Ricardo Lorenzetti también enfatizó la falta de legitimación de la entidad, pero además se detuvo en el contenido de las normas impugnadas.
Consideró que las resoluciones y el decreto en debate fueron dictados por el Poder Administrador en el marco de sus atribuciones y que no constituían un exceso reglamentario capaz de tornar inválido el esquema de control de multas aplicado por la CNRT.
