La abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria, se mostró en disconformidad con el dictamen y dijo que el envío de la causa a Caleta Olivia es una “pirueta judicial” que lo “único que pretende es enviar a la lejana y lenta jurisdicción federal” de esa ciudad.
“Son tantos los elementos aportados en coincidencia con la confesión de López Mazzeo (el comandante que hizo la revelación ante la justicia), y es tan directa la responsabilidad del entonces presidente Macri y el Ministerio de Defensa, a través de comunicados mendaces, sumado a las dudas sobre el hallazgo, que hemos logrado sentar la duda razonable para que se investigue si se engañó a las familias y al pueblo argentino durante un año”, aseguró la abogada en declaraciones a Ambito.
Cabe recordar que en noviembre pasado, los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan denunciaron al ex presidente Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, por presunto encubrimiento del hundimiento de la nave. Fue tras los dichos del contraalmirante Enrique López Mazzeo, quien ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reconoció que el 5 de diciembre de 2017 se conocía la ubicación del submarino, gracias al dato aportado por el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile.
"Cuando (el 17 de noviembre de 2018) sale el anuncio de que una empresa (Ocean Infinity de EE.UU.) lo había ubicado (un año después de que desapareciera), me llamó la atención que la locación que entregó era extremadamente cercana, por no decir la misma, que nosotros reportamos. ¿Qué razones motivaron a mantener esta información en stand by? lo desconozco", dijo el ex comandante del buque chileno Cabo de Hornos, el capitán de navío retirado César Miranda, en una entrevista a El Mercurio de Chile, citada en la presentación de la querella.
