El frustrado ataque expuso una ineficaz seguridad en la custodia de la vicepresidenta. El hecho de que el atacante irrumpiera entre la militancia y gatillara con una pistola a tan solo pocos centímetros de la cabeza de CFK puso en jaque a la seguridad de los funcionarios decisivos del gobierno.
El magistrado había ordenado que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras la colocación de las vallas en la puerta de la casa de CFK "cese de forma inmediata cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la señora vicepresidenta de la Nación", a raíz de un amparo presentado por la legisladora Ofelia Fernández.
Pedido de Juicio político
La CC, con aval de Elisa Carrió ya había apuntado contra el juez Gallardo. EL 6 de septiembre los legisladores porteños de la CC María Cecilia Ferrero, Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso y Lucía Romano, pidieron el juicio político del Juez K: "Solicitamos se disponga, respecto del señor Gallardo, la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, se ordene su suspensión en el ejercicio del cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente, en los términos del artículo 121 y 122 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires", reclamaron.
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El juez Roberto Gallardo denunciado por la CC, más de una vez, ha incomodado al gobierno de la ciudad.
Y argumentaron: “Estamos frente a un magistrado que ha omitido cumplir con los deberes a su cargo, al direccionar y manipular la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención. Dichas circunstancias configuran es causal suficiente para instar el procedimiento y remoción del cargo del magistrado como juez".
La furia de la CC con el Juez Gallardo podría explicarse también por la enemistad del magistrado con el gobierno de la Ciudad del PRO, socios políticos de Carrió. Roberto Gallardo, más de una vez ha incomodado al gobierno porteño. Una de los últimos cruces fue en septiembre del 2021 cuando el magistrado puso en jaque el comienzo de clases en la Ciudad en medio de la larga cuarentena.
Otro en abril pasado cuando ordenó a la Ciudad la suspensión del sistema de reconocimiento facial por la sospecha de que habían recopilado datos de personas que no formaban parte de la lista de prófugos de la Justicia, a partir de allanamientos y órdenes de recolección de pruebas.
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