El déficit estructural del sistema jubilatorio ronda entre el 2% y el 3% del PBI, en un marco de alta informalidad laboral, baja densidad de aportes y haberes mínimos que percibe el 65% de los jubilados.
“Cada peso destinado a jubilaciones de privilegio es un acto de injusticia redistributiva”, remarcó Milman.
“Mientras millones trabajan 30 o 35 años para acceder a una jubilación mínima, a quienes ocuparon el cargo más alto del país se les garantiza una renta vitalicia y millonaria”.
Eliminar beneficios, restituir principios
El proyecto establece que quienes hayan ocupado los cargos mencionados deberán jubilarse bajo las condiciones del régimen general: cumplir con la edad, los años de servicio y los aportes requeridos. Aquellos que ya perciben la asignación especial podrán continuar haciéndolo hasta su fallecimiento, pero el beneficio quedará intransferible y no podrá ser otorgado a nuevos beneficiarios.
Además, se prohíbe expresamente que el Poder Ejecutivo restablezca estos beneficios por decreto o resolución. Solo el Congreso podrá, por ley, introducir nuevas disposiciones de esta índole. También se obliga a la ANSES y a la Secretaría de Seguridad Social a publicar en 90 días un informe detallado sobre los beneficios actuales y el costo fiscal asociado.
Para Milman, esta iniciativa no surge desde el resentimiento sino desde una convicción institucional: “Gobernar no puede ser una vía hacia el privilegio. El liderazgo político debe implicar responsabilidad, no recompensa vitalicia”, señaló. Y concluyó: “Eliminar estas jubilaciones no solo aliviará el gasto público, sino que enviará un mensaje claro: que la ley es pareja para todos y que el tiempo de los privilegios terminó”.
El proyecto completo a continuación:
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