Posteriormente a la difusión de esa noticia y la desmentida del Gobierno sobre los objetivos del PIN , el periodista del diario La Nación denunció el intento de hackeo de su cuenta del servicio de mensajería WhatsApp y otras maniobras de apriete, por supuesto, anónimas.
"Horas después de que revelamos en La Nación que la SIDE puso en la mira a periodistas y economistas, entre otros; hackers han intentado tomar el control de mis cuentas de WhatsApp (10 intentos) y de X (1 intento). Por ahora no lo han logrado", comunicó.
Además, Alconada Mon confirmó que su celular fue el blanco de una gran cantidad de insultos y amenazas desde al menos cuatro teléfonos desconocidos diferentes, y que su nombre fue registrado dentro de un sitio pornográfico.
Según confirmó el periodista, en menos de 15 minutos hubo otros nueve intentos a su cuenta personal de WhatsApp. Y en todos aparecían los cinco dígitos de "códigos de verificación".
En aquella nota, Alconada Mon informó que la SIDE determinó en el PIN que quedarán bajo la lupa todos aquellos que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación o que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno. También, todos aquellos que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”, sin precisar si alude a periodistas, analistas u otras opciones.
En este capítulo de la saga, Alconda Mon consignó que la Secretaría de Inteligencia de Estado ordenó recopilar datos sobre todos aquellos “actores locales” que puedan representar un riesgo para el orden constitucional y la gobernabilidad, como así también determinar las eventuales “dinámicas” de “radicalización” de “grupos sociales vulnerables” a los que tampoco identificó. "¿Se refiere a grupos piqueteros, movimientos sociales o, incluso, comederos populares?", se pregunta el periodista de investigación.
Del mismo modo, añade, el organismo extendió la orden de vigilancia a todos aquellos “actores estatales y no estatales extranjeros” que pudieran impulsar “acciones locales” para interferir en la Argentina.
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