Asimismo, en estos procesos también fue condenado por 72 casos de torturas y 59 privaciones ilegítimas de la libertad. Actualmente se encuentra con prisión preventiva en otras dos causas.
A raíz de ello, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al beneficio pretendido al considerar que, independientemente del tiempo que haya estado aprehendido, existen una serie de obstáculos que tornarían improcedente su libertad condicional. Sobre esa línea, el fiscal general destacó que Amelong se encuentra procesado con prisión preventiva en dos causas que están elevadas a juicio y que también es seguido de cerca en el marco de una tercera donde fue indagado y en la que se dispuso su detención provisional.
Según Villate, otorgarle la libertad condicional "impone el sometimiento a cláusulas compromisorias y condiciones, cuyo cumplimiento se vería obstaculizado precisamente por la existencia de causas pendientes contra el condenado en las que se encuentre cumpliendo prisión".
En sintonía con argumentos de diferentes jueces y tribunales al momento de llegar a un acuerdo, Villate también manifestó que, si bien los miembros del Consejo Correccional consideraron que Amelong "contaría con un pronóstico de reinserción favorable", utilizan una conjunción opuesta al manifestar que el solicitante contaría con una condena a prisión perpetua no firme y las dos causas en trámite en las que está en preventiva.
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Adolfo Villate, el fiscal federal que se opone.
Argumentos
En base a eso, el representante del Ministerio Público Fiscal, aseguró que es el propio juez quien tiene el poder de decisión. Seguidamente enfatizó que, para el abordaje de beneficios en situaciones de lesa humanidad, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecen que debe evaluarse no solo la gravedad de las conductas, sino que la víctima no es únicamente aquella cuyos derechos fueron vulnerados porque lo es toda la comunidad internacional en conjunto.
Por ende, Villate señaló que Amelong no aportó ninguna información con el objetivo de aclarar los hechos o datos sobre los restos de los desaparecidos, así como tampoco sobre el destino de los hijos e hijas apropiados; que no reconoce la gravedad de los delitos ni el daño causado (que aún sigue haciendo), y que su liberación anticipada tendría efectos devastadores a nivel social, principalmente sobre los afectados.
Para finalizar, trajo a colación que la familia de Amelong es propietaria de la casa de campo conocida como "La Intermedia", que en su momento funcionó como centro clandestino de detención y genocidio, donde fueron ejecutados un grupo de 14 detenidos desaparecidos en 1978.
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