Por su parte, en diálogo con lanación.com, la ministra de Seguridad le respondió al gremialista. “Si él deja de parar el país, nadie lo va a demonizar. Si él amenaza, seguiremos por el camino de la denuncia”, le avisó y se limitó a decir sobre la decisión de Picardi: “Si así lo considera...”.
Bullrich había publicado un video en el promocionaba la denuncia penal.
Más enfático fue el jefe legal del ministerio, Fernando Soto, quien llevó la denuncia a la justicia, que tildó como “una vergüenza” que ni siquiera se haya admitido la investigación.
“Es una decisión política más que jurídica, porque los fiscales están para investigar, no para desestimar. Impedir que se investigue la posibilidad de la comisión de un delito de amenazas coactivas hace que el fiscal se arrogue la suerte de la investigación, que si bien es una facultad, su decisión está teñida de una motivación política”, dijo ante la consulta del mismo portal de noticias.
Picardi no impulsó la denuncia de Bullrich y advirtió que la actitud de Biró "lejos de exhibir un accionar ilícito, refleja la potencial utilización de herramientas legales por parte del representante del sindicato".
El fiscal interpretó que "nada de esto sucedió en el caso" y que los dichos de Biró se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión en medio de un conflicto gremial.
"Las expresiones del representante gremial podrían encuadrarse como parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión -que incluye el de peticionar ante las autoridades-", expresó el fiscal, según consigna la agencia Noticias Argentinas.
También recordó que se trata de reclamar por "derechos laborales y sindicales, todos de raigambre constitucional que, a la vez, forman parte del corpus del derecho internacional de los derechos humanos".
Picardi advirtió, por otra parte, sobre la judicialización de "conflictos de diversa índole" como los que reflejan "situaciones sociales".
"El derecho penal debe ser únicamente utilizado cuando existan elementos suficientes que lo tornen legítimo; y cuando se determine que es la herramienta que resolverá de manera eficiente el conflicto de fondo", concluyó en su dictamen que ahora evaluará el juez Lijo.
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