Según el escrito, “de las tomas fotográficas y filmaciones incorporadas podía observarse un grupo de personas que concurrieron a una reunión, sin aparente respeto de los protocolos sanitarios establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional, tales como el respectivo distanciamiento social, la utilización de barbijos y/o mascaras faciales”.
No obstante, consideró el defensor de una de las asistentes a la velada en la Quinta de Olivos, tal conducta “encuentra encuadre en el ejercicio de derechos de jerarquía superior, como son la libertad de reunión y, a su vez, no haberse corroborado que en ese entonces se hubieran encontrado cursando la enfermedad causada por el COVID19 o padeciendo algún síntoma compatible con la misma”.
“Debe descartarse que con su accionar hubiera puesto en peligro la salud pública y/o propagado una enfermedad que no padecía”, subrayó.
D’Alessandro sostuvo que el DNU vigente para la fecha de la celebración, así como todos los otros adoptados en el marco de la pandemia que hubieran cercenado libertades individuales, son contrarios a la Constitución y fueron emitidos violando el procedimiento previsto para esos casos.
“No existieron circunstancias excepcionales en cuanto al funcionamiento y ejercicio de las legales y constitucionales facultades legislativas, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previsto por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, disparó en su escrito.
Pero aun así, advirtió que “el texto del DNU 576/2020 (vigente a la fecha) permitía las reuniones sociales de hasta diez personas en determinados aglomerados urbanos”.
“Aun cuando pudiera argumentarse que habría violado el distanciamiento o aislamiento establecido en dicho decreto – lo que a todo evento niega esta defensa - , lo cierto, lo concreto y real es que existiría, en el caso, un error de derecho y hecho excusable, que haría el accionar inimputable a mi asistida”, insistió.
Alberto Fernández, en un laberinto judicial
En tanto, el presidente Alberto Fernández, tal como informó Urgente24, parece encontrarse en un laberinto en cuanto a su estrategia judicial en la causa por las visitas a la Quinta de Olivos y el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez.
Por esta horas el jefe de Estado diseña la estrategia que presentará ante el fiscal Ramiro González, que investiga los sucesos de la noche del 14/07 del año pasado, cuando en medio de las restricciones sanitarias impuestas por el Ejecutivo su titular recibía a una decenas de personas para agasajar a su pareja.
Según hizo trascender Alberto Fernández a los medios, está dispuesto a llegar a un acuerdo con el fiscal y donaría parte de su salario presidencial como reparación. Pero los trascendidos agregan que el Presidente insistirá en que no cometió un delito cuando violó la cuarentena, en clara colisión con el artículo 205 del Código Penal que el mismo mandatario invocó en sus DNU que implementaron el aislamiento.
Hasta ahora, el recorrido de Fernández en el caso ha sido sinuoso. El Presidente inicialmente se mostró reacio a colaborar con la Justicia. "Sólo le debo respuestas al Pueblo", dijo en un discurso posterior al escándalo.
Luego impulsó la versión de que "no hubo delito", porque del evento social de Olivos no resultó ningún contagio de Covid-19.
Pero un delito de "peligro abstracto" (en el que no son importantes los efectos de la acción) es un delito al fin. Además, la acusación no versa sobre la propagación del virus, sino sobre la mera infracción a la normativa vigente, la misma con la que el Presidente prometió "meter presos" a quienes la violaran.
24 horas después, surge, nuevamente desde las usinas del Gobierno, que el Presidente ahora busca un acuerdo con el fiscal, lo que implica una admisión de la comisión del delito, aunque se insistirá en que no lo hubo.
“No hay delito. Sin embargo, el Presidente quiere hacerse cargo ante la justicia”, explicó su abogado, Gregorio Dalbón, a infobae.com. "Si no hay delito, ¿por qué Alberto Fernández lo reconocería?", preguntó ese medio. Dalbón respondió: "Estoy defendiendo a un hombre inocente. No tengo dudas. El Presidente quiere hacerse cargo por una cuestión ética y moral".
