El pedido presentado ante los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone puntualmente requiere que “se decrete la nulidad del debate celebrado”, del que se espera conocer la sentencia el próximo viernes 17 de marzo, y que, además, se “haga lugar a la recusación de los magistrados”.
“Es a todas luces ilusorio pensar que nuestros representados tengan la esperanza de confiar que –aún con las mejores intenciones- los magistrados se mantengan imparciales y dicten una sentencia acorde a derecho cuando ni más ni menos que el mayor representante del Estado argentino ha cometido una burda, flagrante y prohibida intromisión de poderes", planteó Solari. “Es a todas luces ilusorio pensar que nuestros representados tengan la esperanza de confiar que –aún con las mejores intenciones- los magistrados se mantengan imparciales y dicten una sentencia acorde a derecho cuando ni más ni menos que el mayor representante del Estado argentino ha cometido una burda, flagrante y prohibida intromisión de poderes", planteó Solari.
De todas maneras, reparó en que ese “temor de parcialidad” en torno a los jueces “no debe ser interpretado como un ataque a la honestidad ni honorabilidad de los magistrados integrantes del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Mar del Plata en el desarrollo de sus funciones, sino más bien como un remedio que se intenta para mantener a resguardo la garantía constitucional de ser juzgado por un juez absolutamente imparcial y, por ende, de gozar de un debido proceso adjetivo”.
Asimismo, la funcionaria judicial pide que se remitan actuaciones a la Justicia Federal “a fin de investigar la posible comisión de delitos de acción pública por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla”.
Desde el inicio del juicio que la defensora Solari, y el abogado particular de Juan Pablo Offidani, César Sivo, denuncian que no se asegura de forma correcta el derecho a una legítima defensa y que hay presiones del Poder Ejecutivo.
“Una primer y alarmante intromisión del Poder Ejecutivo en la primer jornada de debate, el 7 de febrero, fue cuando el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se sentara en la sala de audiencias junto a los padres de Lucía Pérez”, dijo la defensora Solari.
La misma también consideró como presión las presentaciones de “amicus curae” del Tribunal del Consejo Nacional de las Mujeres y el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, ambos organismos, dependientes del Poder Ejecutivo, y la presencia en el juicio de funcionarias del área de género.
Sin embargo, para la defensora, la presión más importante y clara fue el 8 de marzo, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego de recibir a los padres de Lucía Pérez, en una publicación en sus redes sociales para el día de la mujer reclamó “justicia por el femicidio” de la adolescente.
“Debemos exigir la búsqueda de justicia por el femicidio de Lucía Pérez. Su madre, Marta Montero, y su padre, Guillermo Pérez, cuentan con mi compromiso y acompañamiento absoluto en su lucha que mantiene vivo el reclamo de justicia. Durante el encuentro que mantuvimos, les expresé que cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio que han tenido que atravesar luego de la escandalosa absolución de los imputados en 2.018. El caso de Lucía es paradigmático de la falta de perspectiva de género que tiene el Poder Judicial. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las pibas que nos faltan. Nuestro compromiso y trabajo cotidiano es por una sociedad libre de violencias por motivos de género. Seamos claros, en su máxima expresión, el machismo mata”, expresó en esa oportunidad el presidente.
Escándalo en el juicio de Lucía Pérez por la foto de Alberto
Para la defensa, las manifestaciones del presidente chocan con “límites expresos” que fija la Constitución Nacional. “‘En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas’ (artículo 109)”, citó en el escrito reproducido por Qué Digital.
Quejas de jueces de la Provincia
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado titulado “Presiones indebidas sobre decisiones judiciales” pero se limitó a hablar de funcionarios en general y no quiso detenerse en la figura del Presidente. El texto difundido dice que dicha entidad “se ve en la necesidad de tomar posición públicamente ante la sucesión de actos públicos de funcionarios con responsabilidades políticas tendientes a influir de manera indebida en decisiones jurisdiccionales del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires".
Todas las ciudadanas y ciudadanos cuentan con la garantía de que serán juzgados en el marco de la ley vigente y con el resguardo del debido proceso. También, que las decisiones que se adopten en sede judicial no responderán a ningún elemento exterior al expediente y al marco jurídico aplicable. Esas garantías, contenidas en la Constitución Nacional, valen igualmente para todas las personas, sin importar su condición.
Este pacto de respeto irrestricto de los Derechos Humanos se pone a prueba especialmente cuando se trata de causas sensibles: es entonces cuando marcamos nuestra vocación de vivir en un Estado Constitucional de Derecho y con plena división de Poderes. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace un llamado a asumir con responsabilidad la promesa constitucional de vivir en una sociedad pacífica en la que siempre prevalecerán los derechos inalienables de todos/as sus habitantes”.
El Colegio de Magistrados de Mar del Plata no se pronunció al respecto aunque adhiere a este comunicado por ser su órgano superior.
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