Desde la administración pampeana argumentan que la resolución nacional elimina de forma unilateral un derecho adquirido y vulnera el convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional y ambas provincias, el cual había sido homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
"El río Atuel también es pampeano: los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 establecen y ratifican su interprovincialidad. Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana", sostuvo Ziliotto.
En la misma línea, el Ejecutivo provincial denunció un "avasallamiento a las autonomías provinciales" y alertó que la validez del régimen derogado ya se encontraba bajo análisis de la Corte Suprema, que incluso apenas 14 días antes había aceptado citar a La Pampa en el litigio en curso.
"La decisión adoptada por el Presidente de la Nación implica un avasallamiento a las autonomías provinciales; afecta principios como la buena fe; resulta violatorio del federalismo de concertación, de la seguridad jurídica y a su vez conlleva un grave perjuicio a las arcas del estado provincial lesionando directamente un derecho patrimonial adquirido", sentenció el gobierno provincial.
La respuesta de Cornejo y su millonario reclamo
Del otro lado, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo celebró la decisión de la Casa Rosada y salió al cruce de su par pampeano, acusándolo de mezclar y confundir la interjurisdiccionalidad del agua con la ubicación física de la fuente de generación eléctrica.
"Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos", disparó el mandatario radical a través de sus redes sociales.
En su descargo, remarcó que para generar energía no basta únicamente con el caudal hídrico, sino que se requiere de pendiente e infraestructura, elementos que se encuentran radicados íntegramente en territorio mendocino. Y cuestionó:
Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender
Respecto a la acusación por la falta de obras, Ziliotto fue categórico y expuso el daño ambiental e histórico que sufre el oeste pampeano. Le reclamó a Cornejo el cumplimiento del fallo de 2020 de la Corte Suprema que ordena garantizar un ingreso de agua permanente a La Pampa, denunciando que Mendoza lo incumple desde hace 6 años, y sentenció:
Resulta inviable invertir para potenciar ese recurso ya que Mendoza mantiene cortado el Rio Atuel hace casi 80 años Resulta inviable invertir para potenciar ese recurso ya que Mendoza mantiene cortado el Rio Atuel hace casi 80 años
Tras el decreto de Milei, el gobernador mendocino ya había adelantado que readecuarán la demanda que ya tramita en el máximo tribunal del país para exigir no solo el 100% de los ingresos a futuro, sino también el pago retroactivo de las regalías. Según detalló el gobernador, reclamarán un monto estimado en 680 millones de dólares (más intereses) por las décadas en las que se vieron obligados a compartir las regalías de la represa.
Una disputa de 53 años
El conflicto por el uso del agua y los recursos de Los Nihuiles es uno de los litigios interprovinciales más extensos del país, con raíces en la década de 1940. El complejo, que hoy cuenta con una capacidad instalada cercana a los 290 MW a través de tres represas y cuatro centrales, fue inaugurado en 1948 bajo la presidencia de Juan Domingo Perón.
Debido a su construcción, el caudal que escurría hacia La Pampa alteró drásticamente, marcando el inicio formal de los reclamos.
En 1992, la Nación, Mendoza y La Pampa firmaron un convenio interjurisdiccional, homologado por la Corte Suprema de Justicia. Según sostiene ahora el gobierno pampeano, ese acuerdo implicó que los firmantes "asumieron expresamente obligaciones respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa", en un marco donde "ninguna de sus partes puede modificar unilateralmente los compromisos asumidos". Ese convenio es hoy el principal sustento jurídico del reclamo de La Pampa.
Con los años, Mendoza construyó un argumento distinto: el derecho a las regalías corresponde a la ubicación de la fuente hidroeléctrica, no a la trayectoria del río. Ese criterio fue convalidado por la Corte Suprema en 2003 y 2009, a través de los Fallos 326:3521 y 332:212.
La reciente normativa firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se apoya en esa jurisprudencia que la propia Corte Suprema fijó en esos años.
Apoyado en ese sustento jurídico, el Gobierno nacional decidió restituir la exclusividad de los fondos a Mendoza, provincia que tiene bajo su control la operación del sistema desde 1993 y que, desde julio de este año, avanza junto a la Nación en el proceso para la reprivatización del complejo hidroeléctrico.
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