
Según trasciende, la firma estatal se llamaría Alimentos Argentinos, sería una sociedad del Estado en el que el nacional tendría la mayoría accionaria con el 51%, mientras que las provincias se repartirían por partes iguales un 46% de los títulos. La Ciudad de Buenos Aires, se quedaría sin acciones, por su calidad de ciudad autónoma, a pesar de que allí se constituiría el domicilio legal de la empresa. El 3% restante quedaría en manos de “personas humanas y jurídicas del sector privado”.
El proyecto no está basado en del dirigente social y funcionario Rafael Klejzer, cuya iniciativa disparó el debate, sino en otro del senador rionegrino Martín Doñate, quien buscaría replicar una experiencia de un frigorífico en su provincia.
De acuerdo a ámbito.com, en el artículo 1 del proyecto queda explícito que la compañía “tendrá por objeto realizar por cuenta propia o a través de la asociación estratégica con terceros, la producción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización e industrialización de productos alimenticios en la República Argentina”.
Más adelante, en el acta constitutiva que también acompaña el proyecto, queda asentado que “la sociedad podrá realizar actividad agrícola- ganadera y actividad de importación y exportación” y, al mismo tiempo, que “dará prioridad a la producción, distribución y comercialización de los alimentos que componen la canasta básica alimentaria”. También establece que se propiciará “la implementación de vínculos comerciales estratégicos con pequeños y medianos productores que representen a las economías regionales de todo el país”.
Si bien Feletti trabaja junto a Doñate en el proyecto, este podría ser presentado por el mismo senador en el Congreso, sostiene el portal de noticias.
Previo a la filtración de Doñate, y en relación al proyecto de Klejzer, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, no descartó que el Ejecutivo pudiera impulsar la creación de una empresa alimenticia.
Es más: reconoció que ese es un proyecto que se contempla en la Casa Rosada para asistir a los pequeños productores y así fijar precios de referencia y que “las verduras y hortalizas lleguen de manera más barata” a los consumidores.
La oposición, por su parte, reaccionó en contra de la virtual iniciativa a la que calificó de "idea chavista", al aludir al PDVAL o MERCAL, una fallida experiencia que nació como una empresa estatal para controlar los precios de los alimentos y que terminó quebrada producto de la corrupción y mal manejo de los recursos del gobierno de Venezuela.