Florencia Kirchner
El requerimiento de Luciani no se limita al departamento del barrio Constitución. La fiscalía presentó un listado más amplio que contempla:
- 141 inmuebles (13 de sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 de empresas asociadas a Lázaro Báez),
- 46 automotores,
- US$ 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner,
- US$ 992.134 depositados en una cuenta bancaria y sumas menores en pesos.
Además, el listado incluye:
- el hotel Alto Calafate,
- el hotel La Aldea, en El Chaltén,
- el chalet de la costanera en Río Gallegos,
- propiedades y terrenos en Santa Cruz.
La CSJN
Estos bienes se suman a la 1ra. etapa del decomiso, que ya había alcanzado más de 100 propiedades de los condenados.
En su dictamen, Luciani sostuvo que el objetivo es avanzar en la recuperación de activos provenientes de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El fiscal recordó que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia y que, pese a ello, “no han depositado ni un solo peso”, lo que habilita la ejecución de sus bienes.
Asimismo, argumentó que la magnitud del patrimonio identificado refleja “fortunas desproporcionadas” en relación con los ingresos declarados, lo que justificaría ampliar el alcance del decomiso.
La ejecución patrimonial podría llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal también tendrá un rol clave en el futuro de los bienes decomisados, ya sea a través de su administración, eventual asignación institucional o subasta.
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