Se trata del monto de deuda pública de la provincia bajo legislación extranjera, que asciende a unos US$7.148 millones. “Se busca alcanzar un acuerdo que sea sostenible en el mediano y largo plazo y que esté alineado con la realidad fiscal, y la capacidad de pago de la Provincia”, señaló un comunicado.
La propuesta bonaerense original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030.
Sin embargo, para los acreedores esta propuesta es insatisfactoria y ya la han rechazado. El viernes, un grupo que asegura tener alrededor del 50% de los títulos que están en juego emitió un duro comunicado en el que sostuvo que -a diferencia de Nación- la provincia tiene una postura "no cooperativa" que "no podría ser más marcada".
En este marco, el denominado Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Bonistas amenazó con "ejercer sus derechos disponibles", lo que "podría incluir la aceleración de algunos o todos los bonos y/o la ejecución directa de derechos contractuales contra la Provincia".
De acuerdo al diario El Cronista, los principales acreedores son los fondos GoldenTree Asset Management, Western Asset Management Company (WAMCO), Greylock Capital y Prudential. Fidelity y Templeton tendrían una parte minoritaria.
El ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, calificó esas declaraciones como "herramientas de presión" que "van en contra de poder llevar adelante un diálogo constructivo y un proceso ordenado".
"Actúan como un elemento obviamente de presión y nos manifestamos de esa manera, rechazando ese tipo de mecanismos porque no ayudan para poder llevar adelante procesos ordenados y que sean conducentes hacia acuerdos consensuados, que es lo que buscamos todos", dijo el funcionario en una entrevista que este lunes publicó el diario Ámbito Financiero.
Tal como informó Urgente24, López encabezó el viernes una reunión con ministro de Economía de otras 5 provincias con el objetivo de coordinar estrategias para la renegociación de sus respectivas deudas.
En el documento conjunto incluyeron un rechazo a las "herramientas de presión de carácter judicial para forzar soluciones insostenibles, afectando los principios de buena fe que deberían primar en toda negociación".
Por su parte, desde el gobierno bonaerense dejaron trascender que siempre plantearon un "diálogo de buena fe" con los acreedores y que lo que buscan es un acuerdo que esté "alineado con nuestra realidad fiscal y capacidad de pago de la Provincia y también teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas y el impacto sobre las reservas internacionales".
