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Las denuncias, presentadas ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, aseguraban que la intención de varios funcionarios era “ocultar esta situación hasta que se produjera la destrucción de los narcóticos”.
Ante esto, agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal (PFA) realizaron una serie de allanamientos y comprobaron que el depósito, que debía contener 26 kilos de cocaína, poseía solamente 10.
Cuando se confirmó la falta de lo incautado, las autoridades detuvieron a cinco miembros de la GNA y una fuente judicial comentó a Télam que “todavía estamos trabajando para determinar quién de los individualizados pudo haber sustraído el material para introducirlo en la cadena de tráfico”
La Dirección de Asuntos Internos de la GNA, con el fin de investigar las actuaciones administrativas de rigor respecto del personal de la fuerza que pudiera estar involucrado, tomó intervención en el caso.
Por otro lado, el fiscal a cargo del caso, Sebastián Bringas, requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación el resguardo físico de los denunciantes y de sus grupos familiares, mientras que ordenó que sea la Prefectura Naval quienes queden a cargo de la custodia del depósito judicial.
La droga había sido secuestrada el 23 de junio pasado durante un procedimiento efectuado por personal de la Sección Seguridad Vial Lima de la Gendarmería Nacional, “en un operativo de rutina en la Ruta Nacional 9 en un camión de transporte de cargas generales”.
Un perro adiestrado reaccionó ante cinco encomiendas que provenían de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, Salta, y así fueron hallados los 25 paquetes.
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