Ya hay denuncia penal por posible delito de falsificación de instrumento público y falsedad ideológica en la firma del dictamen de mayoría de la Ley Ómnibus.
La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia penal para que se investigue posibles delitos en la firma del dictamen de mayoría de la Ley Ómnibus. “ Estamos en la antesala de otro vergonzoso bochorno, de un dictamen blue”, planteó la letrada.
Se refirió a presuntos delitos de falsificación de instrumento público y falsedad ideológica, "perpetrados en perjuicio de los intereses de la Nación Argentina, en el marco del debate y el dictamen sobre el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, denominado ley ómnibus".
La denunciante mencionó las sospechas que generó la demora en que se conozca el texto del dictamen firmado en el Congreso. Y sumó declaraciones del diputado Oscar Agost Carreño (PRO) sobre una reunión en un departamento de Recoleta donde había personas que no integraban la Cámara de Diputados. Mencionó al asesor Federico Sturzenegger, autor del DNU 70/2023.
La abogada relató que eso ocurrió "mientras no se subía el dictamen a la página del Congreso de la Nación".
Carreras se refirió a la reunión secreta en la que se habrían discutido cambios al dictamen: "No puede admitirse que se traten temas legislativos fuera del recinto, mucho menos con personas ajenas al Cuerpo, ajenas a uno de los 3 Poderes del sistema republicano de Gobierno".
También incorporó una publicación en redes del diputado Carlos Gutiérrez ( Hacemos Coalición Federal), que habló de "modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado". Para Carreras, en ese posteo "se está exponiendo lisa y llanamente el cambio de dictamen".
"Cuando existe la posibilidad de haberse firmado un dictamen por 55 legisladores, pero que no se correspondía con el Dictamen que creyeron estaban firmando (...) y se dieron hechos compatibles con injerencia del Poder Ejecutivo en ámbitos inapropiados, cuando entre la firma del dictamen y su publicación en la página del Congreso mediaron más de 10 horas, cuando se ha instalado la duda en la ciudadanía sobre la existencia de 'manejos' en derredor del Dictamen y los Diputados y el Poder Ejecutivo, solo se impone investigar quienes resultan ser los responsables de la falsificación del instrumento público", dice la presentación.
La abogada habla de "dictamen blue" y pide identificar "a quienes han sido los responsables de la falsedad ideológica del dictamen publicado en el sitio web".
Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado nacional y actual Director del Instituto Consenso Federal, ya había alertado que “si fuera cierto que el dictamen se escribió, o reescribió, fuera de la Cámara de Diputados, todo lo actuado sería nulo”.
El ex legislador, que sigue muy de cerca las negociaciones por la Ley Ómnibus, hace referencia a reuniones entre legisladores y funcionarios del Gobierno y a un dictamen diferente del que había logrado la mayoría de firmas en el plenario de comisiones, lo que generó un escándalo y mucho malestar en el Legislativo.
“Aunque le hubiesen cambiado sólo una coma fuera del Congreso, se habría violado el Reglamento de la Cámara de Diputados y quedaría sin efecto todo lo actuado”, explicó Rodríguez.
"Hay que recordar que el Reglamento de la Cámara de Diputados no es una norma menor, ya que se elabora y aprueba por una disposición de la propia Constitución Nacional, al señalarse en el artículo 66 de la carta magna que 'cada Cámara hará su reglamento'”, concluyó.
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