Según la normativa, la deportación de inmigrantes ilegales dispone la prohibición de reingreso permanente o por un término que mayor a cinco años. La extensión de la sanción depende de los motivos que impulsaron la medida, como otros delitos penales o la falsificación de la documentación.
El artículo 37 de la Ley de Migraciones establece que "el extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley".
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A lo Trump, Javier Milei va por los inmigrantes.
La ley contempla además que el extranjero retenido pueda solicitar la suspensión de la expulsión en caso de que sea padre, hijo o cónyuge de un argentino nativo.
El Gobierno deberá poner en libertad al detenido y habilitar un procedimiento de sumario de regularización migratoria si se confirma el argumento. Nación tampoco puede expulsar a los extranjeros que no cumplan una obligación contemplada en un contrato laboral.
Los cambios que impulsa el Gobierno de Javier Milei
El Ejecutivo estudia diferentes vías para impulsar cambios en la Ley de Migraciones (25.871). Tiene listo un proyecto para enviar al Congreso en las próximas semanas, pero analiza realizar modificaciones a través de un nuevo decreto reglamentario de la norma.
"Hay detalles de la reforma que no van en contra de la ley actual, de forma que pueden salir por decreto", sostienen en Nación. El texto pasó por las oficinas del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, y del vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán.
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El borrador de la reforma ya pasó por las oficinas del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El borrador de la reforma contiene además un esquema más restrictivo para la entrega de ciudadanías y residencias a extranjeros. Aplica también para los estudiantes y para los que busquen aplicar para una residencia permanente.
La Casa Rosada quiere restringir además a los inmigrantes ilegales que tienen hijos en el país y obtienen la residencia luego de que sus descendientes nazcan y se conviertan en ciudadanos argentinos.
"Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan", decía el propio Javier Milei al abrir sesiones ordinarias en el Congreso.
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