El informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) muestra que la Argentina tocó fondo en materia de condiciones laborales.
La Argentina es uno de los 10 peores países en materia de derechos laborales, según un informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), con sede en Bruselas y que agrupa a más de 300 organizaciones gremiales en más de 150 países.
La CGT es parte y tiene representación en su órgano de gobierno. Es decir que la central gremial local avala las muy duras definiciones sobre la situación de los trabajadores argentinos que incluye el reporte.
Según el relevamiento, la Argentina retrocedió por 2do año consecutivo en su puntuación y llegó en 2026 a su mínimo histórico en la escala en la que 1 registra las mejores condiciones y 5+, las peores. El país obtuvo 5 puntos este año, 4 en 2025 y 3 en 2024.
Según la CSI, se trata de "una drástica caída" y "uno de los descensos más pronunciados jamás registrados".
Con ese, el país queda entre los que no brindan "garantías de derechos" para los trabajadores. Por su parte, los países calificados con 5+ pertenecen al grupo "sin garantías de derechos debido al colapso de la ley" e incluye, entre otros, a Afganistán, Libia, Sudán y Somalia.
El resultado conduce a que la Argentina ingrese por 1ra vez al grupo de los 10 peores países para los trabajadores, que completan este año Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Turquía.
"Bajo el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei, las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles", dice el informe de la CSI.
La organización señala al gobierno libertario por impulsar "una agenda antisindical que debilita los derechos de los trabajadores en favor del sector privado" y lo acusa de promover "el desmantelamiento de las estructuras de diálogo social hasta reformas laborales que socavan a los negociadores sindicales y el derecho a la protesta".
"El sector privado, envalentonado por el Estado, ha intensificado la represión de la actividad sindical", agrega.
El informe se conoce en el mismo día en el que el Gobierno reglamentó la reforma laboral. La CSI cuestionó la legislación por imponer niveles mínimos de servicios para los denominados "esenciales" y "limitaciones a los acuerdos que menoscaban la capacidad de los trabajadores para negociar condiciones justas".
El documento denuncia además que el gobierno de Milei "interfirió" en los asuntos sindicales y llevó a cabo "despidos masivos anti-sindicales".
Menciona también la instauración del 'Protocolo Antipiquetes' para "el uso indiscriminado de la fuerza policial" y "la amenaza de responsabilidad legal por daños como medida disuasoria contra la protesta social legítima".
En el informe la CSI apunta además contra el sector privado al asegurar que los empresarios "recurren a la destrucción de sindicatos y a prácticas explotadoras con impunidad".
Toma el caso de Lustramax y afirma que "solicitó un procedimiento preventivo de crisis a pesar de reportar ganancias significativas". "Ignorando el proceso de conciliación obligatorio, despidió a trabajadores, incluidos representantes sindicales, y llevó a la policía a su fábrica para reprimir una asamblea de trabajadores", agrega.
Menciona también que la Justicia dictaminó que los despidos masivos en la administración nacional de la seguridad social (Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES) "fueron discriminatorios", lo que resulta "una confirmación escalofriante de que el gobierno busca debilitar la representación sindical en el sector público".
"Milei ha recortado decenas de miles de empleos del sector público como parte de medidas de austeridad impulsadas por ideología", concluye.
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