El Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires no llegaron a un acuerdo por la coparticipación de esta última, por lo que el conflicto será resuelto por la Corte Suprema, que había impulsado la búsqueda de un consenso entre las partes, que se reunieron por última vez este miércoles.
La pulseada se inició cuando la Casa Rosada le quitó puntos de la masa coparticipable a la Capital Federal argumentando que esta había sido aumentada de forma irregular durante el mandato de Mauricio Macri.
"A pesar de los esfuerzos no hubo acuerdo con el Gobierno Nacional por la coparticipación. CABA no puede renunciar a los recursos necesarios para la seguridad", tuiteó Felipe Miguel, jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.
La Corte, en el marco de un reclamo elevado por Ciudad, había dictado un plazo -que se prorrogó- para que las partes llegaran a un acuerdo. Ese tiempo vencía este miércoles 11/05. Sin un consenso, ahora deberá ser el máximo tribunal el que zanje la cuestión.
La decisión deberá ser tomada en un contexto de fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y el máximo tribunal. La semana pasada, expresiones kirchneristas realizaron una manifestación para pedir las renuncias de los cortesanos. De hecho, los gobernadores alineados con la Casa Rosada publicaron este mismo miércoles un documento en el que calificaron como "indebida" la intervención del máximo tribunal.
Según había trascendido, las partes llegaron a acuerdos parciales, pero no sobre el punto principal, que era el monto que debía recibir la Ciudad.
“Si bien habíamos hecho un avance muy importante en dos aspectos importantes, como los mecanismos de liquidación y transferencia y el método de actualización de los montos, no llegamos a un acuerdo por el monto y desde la Ciudad no podemos renunciar a los recursos necesarios e imprescindibles para la Seguridad”, dijo Miguel en declaraciones a lanación.com.
Miguel enmarcó la quita de puntos coparticipables dentro de "varios ataques" a la Ciudad por parte de Nación.
La Corte deberá fallar sobre 2 aspectos: por un lado, una cautelar que suspendería la retracción de fondos; y, por el otro, sobre la constitucionalidad de la decisión de Nación.
El pleito se inició en septiembre de 2020 cuando el presidente Alberto Fernández decidió quitarle puntos de la coparticipación a la Ciudad para pasarle esos recursos a la provincia de Buenos Aires para que los use en la Policía Bonaerense, que mantenía una protesta en aquellos días.
La quita de fondos se profundizó luego a través de una ley, que estableció que Nación debía abonarle ya no un porcentaje de la coparticipación sino una suma fija a la Ciudad, en concepto de la compensación por la transferencia de la seguridad.
Larreta acudió a la Corte, que tras una audiencia dictó un plazo de 30 días, que luego prorrogó, con el fin de que el pleito se solucionara por consenso. Sin embargo, ante la ausencia de un acuerdo, deberá ser el tribunal el que resuelva el conflicto.
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