El argumento del gobierno provincial fue que la propuesta de Aerovida era "más conveniente" para el Estado, por sus servicios adicionales, como su flota de aviones sanitarios y ambulancias, que podrían ser utilizados en situaciones de emergencia. Además, la empresa ofreció 50.000 dólares por un segundo avión sanitario, y viejo Piper Azteca bimotor que recuperó la provincia en 2016, que había permanecido olvidado y roto en un hangar en el aeropuerto de Neuquén durante 23 años.
Las sospechas y la carta documento de MD Fly
MD Fly afirma, sin embargo, que la favorecida no solo no cumplió con el precio base exigido en la licitación original (se le permitió por ello mejorar su oferta en un plazo de apenas 24 horas), sino que además su oferta era significativamente más ventajosa en términos de kilómetros de vuelos sanitarios ofrecidos: 558.757 kilómetros frente a los 464.285 de Aerovida, y fue desestimada sin fundamentos claros.
La diferencia mencionada, representa unos 60 vuelos sanitarios adicionales entre Viedma y Buenos Aires, lo que deja en evidencia un perjuicio económico directo para la Provincia.
Además, MD Fly también cuenta con los servicios adicionales mencionados como fundamento por el gobierno de Alberto Weretilneck. Y más allá de todo ello, llamó a la atención que el propietario de Aerovida, vinculado a reconocidas empresas como Hauswagen y Hangar Uno, haya estado presente durante la apertura de sobres, un hecho que pone en entredicho la transparencia del proceso.
Por otra parte, genera más sospechas el hecho de que Aerovida también compita en una nueva licitación por vuelos sanitarios, valorada en 468 millones de pesos.
En ese marco, fue que ayer Juan Pablo Monzón, jefe operacional de MD Fly, la empresa perjudicada, informó que "hoy mismo enviaremos al gobierno de la Provincia una carta documento y también pediremos a la Justicia la impugnación de dicha licitación".
Y así lo hizo:
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Imagen de la carta documento enviada por MD Fly al Gobierno de Río Negro.
Críticas de la oposición
Desde la oposición —además de reproches públicos por una posible "maniobra perjudicial" para el Estado— hay también advertencias de denuncia formal en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la misma que actuó tras el proceso de compra y derivó en tres funcionarios sancionados.
Esta vez intervendrán distintos actores ya que desde septiembre conduce la fiscalía Dolores Cardell, promovida por el gobernador para reemplazar al leal Fabián Gatti, que pasó hace cuatro meses al ministerio más político del gobierno.
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