A pesar de la novedad, Zabaleta recordó que en marzo de 2005 ya se había creado un registro similar, aunque no dio detalles de su evolución.
El Gobierno remarcó que "es menester redefinir los criterios a través de los cuales se implementan las acciones del Registro Único de Organizaciones Administradoras, promoviendo la simplificación de trámites administrativos que permitan una vasta e inmediata respuesta a las demandas de los distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social y su correspondiente actualización".
En la resolución también se dio un plazo de diez días hábiles para que las distintas secretarías de la cartera social elaboren un listado de las organizaciones que actualmente se encuentran trabajando bajo la órbita de sus respectivas competencias.
Promesa ante empresarios
En Consejo de las Américas que se desarrolló en Buenos Aires, Sergio Massa anunció un decreto para transformar planes sociales en empleo formal, con el objetivo de incorporar el año que viene a más de 200 mil beneficiarios al mercado laboral.
El ministro de Economía detalló que el empleador tendrá bonificados los aportes y contribuciones, y solo pagará obra social, ART y sindicato y "el Estado seguirá pagando durante un año la base del programa y el empleador completará el salario de convenio".
Massa dijo que en "el sector construcción, en el agro, sobre todo en economías regionales, en el sector tabaco" es donde más se ve que la gente no quiere trabajar por temor a perder el plan.
Al asumir su cargo, Massa prometió trabajar en el reordenamiento de los planes sociales y explicó que se habilita un mecanismo por el cual, "aquel que tiene un plan ingresa a una empresa y mantiene durante un año el plan como base" mientras que el empleador "paga la diferencia del salario de convenio más la ART y la obra social".
También precisó que "se encarará una política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses, poniendo foco en tres ejes: la vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad".
Por último, había anunciado que el 15 de agosto empezaba la auditoría que realizarán las universidades y advirtió que “quién no la cumpla, recibirá la suspensión del plan”.
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