A partir de 2009 comenzaron las amenazas de la clausura que finalmente se concreto a fines del mes pasado. El director de fiscalización de la comuna capitalina, José Fernández, señaló que la disposición fue por “la violación a la ordenanza 8133 que habla de la normativa del uso del suelo”.
“No se encuentra habilitada por la Municipalidad, carece del certificado de bomberos: no lo tienen, o sea no lo han tenido nunca. No tienen autorización pertinente por parte de la red sanitaria para el arrojo de los afluentes a la red cloacal. Y en último lugar, hemos hallado problemas de falta de seguridad tanto de planos de contingencia ante posibles escapes de amoníaco como así también problemas con la alarma de incendios”, agregó el funcionario municipal en declaraciones a Cadena 3.
Pero ahora esa clausura podría levantarse próximamente y Dioxitek tendría hasta un año para su reubicación. Ese fue el plazo que le solicitó el ministro de Planificación, Julio De Vido, al intendente de Córdoba, Ramón Mestre, en una audiencia que ambos tuvieron la semana pasada.
Mestre confirmó que aceptó los tiempos pedidos por el ministro de Nación y justificó su decisión con que la planta necesita "un tiempo lógico" para mudarse. "Estamos buscando la posibilidad de hacer cumplir la ordenanza pero darle un tiempo lógico para que puedan relocalizarse", dijo este martes (30/10) el intendente en declaraciones periodísticas.
"Estamos hablando de aproximadamente un año y por supuesto la remediación, que significa poder retirar las 50.000 toneladas de desecho”, dijo Mestre.
La decisión de intendente radical coincide con la decisión de la Justicia cordobesa de darle curso a un pedido de amparo de Dioxitek para que le levantaran la clausura. Ahora sería la municipalidad la que levantaría la penalización tras un acuerdo con Nación, presuntamente a cambio de la liberación de fondos para obras.
Citado por el diario Día a Día, Javier Gardés, delegado de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Dioxitek, indicó que para empezar a producir se está puliendo el acuerdo, al que le falta el visto bueno de la municipalidad.
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Como la planta estuvo parada un mes, los trabajadores de Dioxitek están abocados a realizar “prácticas previas de inicio de producción”. “Se están revisando todos los equipos para dejarlos en condiciones de volver a operar. Es lo mismo que se hace cuando volvemos de vacaciones, porque Dioxitek no opera en enero, o cuando se realizan paradas programadas”, explicó Gardés.
La planta de procesamiento de uranio se instaló en Alta Córdoba en 1982. Con el correr del tiempo, el barrio sufrió un boom de crecimiento lo que dejaba a la compañía en una situación de inestabilidad respecto al uso del espacio, lo que generó el reclamo de los vecinos. En 1997 Dioxitek se hizo cargo de las instalaciones.
Para Greenpeace, Dioxitek le deja a la provincia de Córdoba un "pasivo ambiental" de 57.000 toneladas de desechos nucleares. "Un callejón sin salida", según le dijo al diario La Mañana Mauro Fernández, coordinador del área de Energía de la organización ecologista.
"Las dos soluciones que se manejan, tanto la remediación in situ como el traslado, tienen mucho potencial de afectar a la comunidad. El traslado de material radiactivo es una de las actividades más resistidas a nivel mundial, con lo cual eso no es una opción. Por otro lado, la manipulación en el lugar pone en peligro a la comunidad cercana que ya ha constatado pérdidas y fugas. Por supuesto hay que avanzar en una remediación, pero ésta debe realizarse con amplia participación ciudadana. Si la gente de Córdoba no forma parte de esa decisión, estaremos en el camino equivocado. Exigimos a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) que comience con esas actividades en lugar de estar planificando la expansión de la capacidad nuclear", dijo el dirigente ecologista.
En cuanto a la relocalización, aún no habrían comenzado los trabajos necesarios por lo que algunos especulan que, de concretarse, la mudanza tomará mucho más de un año. De acuerdo a La Voz del Interior, el mismo De Vido le dijo a Mestre que ni siquiera está definido el lugar en el que se emplazarían las instalaciones de la empresa.
Oscuro antecedente
En 2008 la jueza María Rumilda Servini de Cubría determinó que Dioxitek defraudó al Estado por $6.100.000. La estafa, (cuyo procedimiento fue similar al del Caso Skanska: un fideicomiso, una empresa no habilitada y facturas 'truchas') le costó el puesto y su procesamiento al por entonces presidente de la CNEA, José Abriata, a su vice Carlos Rey y al que era en ese momento presidente de Dioxitek, Santiago Morazzo.
La maniobra que dio origen a este expediente se remonta a 2006, cuando la CNEA firmó un convenio con Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), la empresa pública responsable de terminar Atucha II. La Comisión debía recuperar la "capacidad técnica" y brindar su asistencia para poner en marcha la central nuclear. A cambio, recibió $6.100.000 millones.
Pero la CNEA no cumplió con lo pactado. Argumentó que para respetar los cronogramas y terminar la central a tiempo necesitaba subcontratar a otra empresa. Recurrió, entonces, a Dioxitek SA. Le transfirió las obligaciones y el dinero.
"Al poner el dinero en cuestión dentro de la órbita de disposición de Dioxitek, se garantizó la libre utilización del mismo sin control alguno", afirmó la jueza en su fallo.
