De hecho, por su tarea difícilmente cuestionable desde el punto de vista ético, Molinas fue objetivo de numerosos atentados. Lo mismo sucedió con su familia, sobre todo en el periodo comprendido entre 1985 y 1990, y hasta dejar el cargo por una renuncia forzada durante el Gobierno de Carlos Menem.
El fiscal Molinas con Carlos Menem, que en febrero de 1991 lo desplazó de su cargo (Foto: http://bessone.blogspot.com.ar)
Ricardo Molinas, fiscal desplazado por Menem.
Proyecto recalentado
Ya en 2015, con Mauricio Macri a la cabeza, y de cara a la implementación de un proceso acusatorio, en virtud de lo establecido por la ley 27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y mediante resolución de la Procuración General, se dispuso la conversión de la FIA en Procuraduría de Investigaciones Administrativas y fueron delimitadas sus funciones y competencias actuales. Desde entonces, la fiscalía anticorrupción ha sido objeto permanente de juego político, diluyéndose su verdadero propósito entre los tirones de cambios.
En paralelo, y desde 1999, existe la Oficina Anticorrupción. Dependiente del Ministerio de Justicia, al igual que la ex FIA, también fue objeto de diferentes recambios de Gobierno.
"Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito. Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio", adelantó Adorni sobre el proyecto del Gobierno de Javier Milei.
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Qué dicen los fiscales
Ante una posible maraña de fiscalías anticorrupción, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la medida propulsada por Cúneo Libarona chocaría contra la existencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ex FIA, cuyo titular es el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez.
A diferencia de ese órgano, el proyecto de Cúneo Libarona buscaría extender la jurisdicción a casos legislativos y judiciales de corrupción, e incluso provinciales, centralizando las investigaciones. Algo que, claro, no cayó bien entre los fiscales.
Por otra parte, desde el sector señalaron que la creación planteada por el Gobierno de Milei demandaría la federalización del delito de corrupción. Solo así, una oficina nacional podría tener alcance a casos provinciales sin chocar con las autonomías provinciales.
