*** 200 cargos destinados para el Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Aníbal Fernández;
*** 13 cargos destinados para el Ministerio de Obras Públicas, a cargo Gabriel Katopodis;
*** 213 cargos destinados a la Dirección Nacional de Migraciones, dirigida por Florencia Carignano.
*** Y 29 cargos destinados a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
La contratación de estas 455 personas fue confirmada a través de las resoluciones 332/2023, 334/2023, 335/2023, 336/2023, que fueron publicadas en la última edición del Boletín Oficial firmada por la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani.
En ese documento oficial, solicitan algunos requisitos como tener "experiencia laboral acreditable como personal permanente y no permanente igual o superior a cinco años en la Administración Pública Nacional" en los casos del Ministerio de Seguridad, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y Dirección Nacional de Migraciones. Por su parte, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, el requisito de experiencia sube a 10 años de experiencia.
En el Congreso Nacional piden explicaciones
Tras confirmarse las incorporaciones al Estado de casi 500 empleados, y entendiendo que, según cifras oficiales, entre julio del 2022 y mayo del 2023 el Estado ha contratado a casi 150 personas por día, un grupo de diputados nacionales de la oposición pidió explicaciones al Gobierno sobre esta situación.
En los hechos, fue la diputada nacional Mercedes Joury (PRO) quien presentó un proyecto de resolución en el que le pide al Poder Ejecutivo brinde información acerca de diversas cuestiones vinculadas a contrataciones y designaciones en el ámbito de las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional. En concreto, pide que especifique el número total de agentes incorporados en las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional desde el 22 de julio de 2022 a la fecha, especificando cargo y categoría, desagregado por mes y área.
Por otro lado, solicita se den detalles concretos sobre sobre el personal designado desde el 22 de julio de 2022 hasta la fecha, se informe las razones que justificaron la decisión de incorporarlos a la planta permanente y si, en cada caso, se dio cumplimiento a la normativa vigente para la efectivización del pase a planta permanente del personal y las disposiciones previstas en el Decreto N° 426/2022.
Por otro lado, el proyecto solicita que se indique si la totalidad de los pases a planta permanente desde el 22 de julio de 2022 hasta la fecha contaron con el financiamiento presupuestario correspondiente, e informe en cuánto se ha incrementado el gasto público como consecuencia de estos ingresos.
Es importante recordar que hay un decreto vigente (N° 426/2022), dictaminado por el Gobierno en julio del 2022, que prohíbe las designaciones y contrataciones en el sector público, pero que contempla numerosas excepciones; medida que rige hasta el 31 de diciembre de 2023.
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